Baja California recibe un legado de claroscuros de los gobiernos del PAN
Los habitantes de Baja California elegirán el próximo 7 de julio entre el cambio de partido en el gobierno estatal y la continuidad del Partido Acción Nacional (PAN), que durante 24 años en el poder ha tenido logros en áreas como la educación y el empleo pero, al mismo tiempo, no ha conseguido acabar con los delitos de alto impacto.
Baja California, fronterizo con Estados Unidos, tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.8491 puntos, el séptimo más alto del país, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en 2011 .
"(Baja California) sí es un estado que tiene resueltas algunas cosas que estados más al centro y al sur del país todavía no resuelven y que son muy básicas para la población, y eso le ha tocado al PAN y lo puede vender políticamente", dijo Vicente Sánchez, académico del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
El estado también es el tercero con mayor porcentaje de alfabetización —el 96.3% de su población— y, en materia de trabajo, tiene una tasa de desempleo del 4.4%, un porcentaje menor a la media nacional del 4.9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al primer trimestre de 2013.
La cifra de desocupación en Baja California también es menor en comparación a la de tres de los principales centros productivos del país: el Distrito Federal (6.4%), Nuevo León (6.3%) y el Estado de México (6.2%).
El panista Francisco Kiko Vega, candidato a gobernador de la alianza Unidos por Baja California, reconoce sin embargo que el desempleo se mantiene como una de las principales preocupaciones de los bajacalifornianos y, entre otras medidas, propone dar apoyos económicos al sector privado e inversión pública en infraestructura con el objeto de generar más plazas.
Vega —postulado por el PAN y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Estatal de Baja California (PEBC)— compite por el cargo con Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Felipe Ruanova Zárate, de Movimiento Ciudadano.
En abril, algunos analistas consultados por CNNMéxico consideraron que la elección del 7 de julio será una contienda cerrada entre Vega y Castro Trenti , que en una encuesta reciente de la empresa Covarrubias y Asociados aparece con el 53% de la intención de voto, nueve puntos arriba de su rival panista.
El pendiente de la inseguridad
Los equipos de ambos candidatos señalan que, además del empleo, el otro tema clave en la competencia electoral es la seguridad pública, en el que los resultados de los gobiernos panistas no son tan positivos.
José María Ramos, también investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colef, señaló al respecto que uno de los logros de los gobiernos estatales en los últimos años ha sido disminuir la incidencia delictiva con ayuda del gobierno federal, aunque el número de delitos permanece alto.
"Se ha podido controlar este problema a través de una eficaz coordinación, pero sobre todo, con un liderazgo desde la comandancia militar", dijo el acádemico.
"Si no existe coordinación entre los niveles de gobierno, da la sensación de una serie de limitaciones", agregó.
Tanto Sánchez como Ramos señalaron que el estado, y en particular la ciudad de Tijuana, registraron en 2008 un "pico" en los hechos de violencia que llevó al gobierno del entonces presidente, el panista Felipe Calderón, a enviar fuerzas federales a territorio bajacaliforniano.
Después del inicio de ese operativo, el número de delitos de alto impacto social —robo con violencia, homicidio doloso, extorsión y secuestro— comenzó a bajar, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De 2010 a 2012, por ejemplo, la tasa de robo con violencia pasó de 375.87 casos por cada 100,000 habitantes a 295.59; la de homicidio doloso, de 28.02 a 17.74; la de extorsión, de 16.04 a 12.06, y la de secuestro, de 2.5 a 0.90.
En los tres primeros delitos, sin embargo, Baja California sigue superando la media nacional y ubicándose entre los primeros lugares.
La presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) atribuyó la situación de violencia en Baja California a las actividades de grupos del crimen organizado como el cártel de Tijuana o de los hermanos Arellano Félix, considerado uno de los más poderosos del país en la década de 1990.
En materia de seguridad, Vega propone que el gobierno estatal se enfoque en medidas para prevenir el delito, en tanto Castro Trenti plantea instalar casetas de vigilancia en cada colonia.
Para los analistas consultados, el candidato que gane los comicios deberá mantener una colaboración estrecha con las autoridades federales para enfrentar a la delincuencia, así como impulsar la profesionalización de los servidores públicos y atender problemas pendientes en transporte y desarrollo urbano.