El gobierno de Calderón no supo cómo resolver las desapariciones: AI

El alto número de casos de desaparecidos en México muestra “un patrón sistemático” que fue ignorado por el gobierno del presidente Felipe Calderón, denunció en un reporte este martes Amnistía Internacional (AI).

Durante la gestión del panista -diciembre de 2006 a diciembre de 2012-, se registraron 26,121 casos desapariciones , según reconoció en febrero pasado la Secretaría de Gobernación (Segob).

Dicha cifra incluye personas desaparecidas a manos de delincuentes y de las autoridades, pero también personas no localizadas, que voluntariamente decidieron dejar a sus seres queridos, según datos del gobierno federal retomados por AI.

Esto "demuestra el lamentable fracaso de las autoridades para aplicar una metodología clara y procedimientos para reunir información nacional confiable sobre los casos de desaparecidos", afirma AI en el reporte Confrontando una pesadilla: desapariciones en México.

Además, señala que hay “un patrón sistemático de desapariciones y desapariciones forzadas en gran parte ignoradas por la administración previa”.

La falta de una metodología para eficientar las investigaciones hace imposible conocer la escala real de las desapariciones en México, y ha impedido que en muchos de los casos se realice una investigación eficiente que permita localizar e identificar a las víctimas, según AI.

En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón implementó la Estrategia Nacional de Seguridad para luchar contra el crimen organizado, misma que dejó 70,000 personas muertas, según cifras del gobierno.

La organización destacó que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado “algunas medidas positivas para reconocer la magnitud de las desapariciones” registradas en la administración previa y mejorar la búsqueda de las víctimas.

“Sin embargo, la magnitud de la participación de agentes del Estado en las desapariciones forzadas aún no se ha reconocido”, dice AI en su informe.

El pasado 22 de mayo, la organización denunció que la administración calderonista hizo "caso omiso" en 2012 de los indicios sobre casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

En el informe Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo, la organización criticó que durante 2012 se recurriera “de forma generalizada” a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos.

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Del 2006 a la fecha, AI ha documentado 152 casos de personas que fueron secuestradas por grupos de la delincuencia organizada o detenidos por funcionarios públicos, de los cuales 85 pueden ser considerados como desapariciones forzadas, debido a que hay evidencia de la participación de funcionarios públicos en forma directa o indirecta.

Sin embargo, AI resaltó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene solo 2,126 casos de desapariciones registrados.

Según la organización, la mayoría de las desapariciones se han registrado en estados con altos niveles de criminalidad y violencia y donde se ha intensificado también la presencia de elementos de seguridad, como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Coahuila y Nuevo León.

AI expone que la mayoría de los desaparecidos son hombres entre 17 y 50 años, que fueron detenidos por fuerzas de seguridad en retenes o por grupos criminales mientras realizaban su jornada diaria, otros fueron detenidos por la policía y entregados a grupos de criminales.

Entre los desaparecidos hay niños, un caso documentado por la organización es el de Brandon Esteban Acosta, de ocho años, que viajaba con su padre y dos tíos a las afueras de Saltillo cuando fueron interceptados por hombres armados en agosto de 2009.

También hay mujeres jóvenes como Guadalupe Jazmín Torres, de 20 años, que fue secuestrada por hombres armados en su casa en Apodaca, Nuevo León, en febrero de 2010. Otros de los desaparecidos han sido reclutados forzadamente por el narcotráfico debido a sus habilidades técnicas como en el caso de Ricardo Peña y otros seis ingenieros telefónicos, secuestrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas en junio de 2009.

Existen además casos de desaparecidos realizadas por militares y policías, como los de José Cruz Díaz, Martín Rico, Usiel Gómez, Diego Guillén y Joel Díaz, que fueron detenidos por infantes de Marina frente a sus familiares en Nuevo Laredo en junio de 2011 y de quienes desde entonces nada se sabe.

Las familias no solo sufren daños emocionales y psicológicos por la ausencia de algun pariente, sino que también tienen que hacer frente con una afectación repentina y dramática en rubros como la vivienda y la salud, sobre todo cuando la víctima era el encargado del ingreso familiar, según el reporte.

A esto, dice AI, se suman los costos de los complejos procesos legales para que las autoridades reconozcan a la víctima como desaparecido o muerto y así puedan tener acceso a la asistencia social.