Peña Nieto propone reformas para endurecer sanciones por actos terroristas
El gobierno de México busca que el terrorismo sea considerado como delincuencia organizada, y aumentar las penas hasta los 60 años de prisión, según las propuestas de reforma enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión.
Peña Nieto propone calificar como acciones terroristas hechos en los que se emplee material tóxico o fuentes de radiación y que puedan causar daños a la salud y al medio ambiente, y sancionar a quien diseñe o esté a punto de ejecutar un acto terrorista.
La propuesta propone aumentar de cinco a 15 años la pena mínima de prisión, y la máxima a 40 años, así como imponer 1,200 días de multa, para quien sea encontrado culpable de utilizar sustancias tóxicas, químicas o biológicas, material nuclear, radiactivo, explosivos, armas de fuego o cualquier otro medio para realizar un ataque terrorista.
Para el robo de ese material, se busca imponer una pena de entre 12 y 20 años de prisión.
Se considera un agravante el hecho de que el ataque sea contra bienes públicos, se perjudique la economía nacional, o se tome rehenes, a lo que se impone la pena máxima de 60 años de prisión.
Además, se propone incluir al terrorismo como un delito atribuible a la delincuencia organizada, al lavado de dinero como una de las formas para financiarlo , y permite al Estado tomar posesión de los bienes incautados a personas que sean encontradas culpables de dicho delito.
En el caso del lavado de dinero, la pena es de tres a nueve años para quien permita o preste su nombre, denominación o razón social de una persona moral, para que se titulen derechos o bienes que tengan procedencia ilícita, aún cuando no haya tenido conocimiento de lo último.
Dichos recursos de procedencia ilícita podrán ser inmovilizados por órdenes de un ministerio público de manera inmediata, según las reformas propuestas.
Además, en la propuesta se castiga con prisión de 15 a 40 años a quien financie el terrorismo, y tipifica el encubrimiento de dichas personas, esto último con una sanción de uno a nueve años de prisión.
La iniciativa exenta de declarar como terrorismo internacional a hechos ocurridos durante manifestaciones de grupos sociales que ejerzan sus derechos humanos o cualquier otro derecho constitucional, cuando busquen presionar a un Estado extranjero sobre una demanda.
La propuesta, que fue turnada este miércoles a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, incluye cambios al Código Penal Federal, a la Ley de Extinción de Dominio, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Con esta iniciativa, el gobierno busca dar cumplimiento a tratados firmados dentro de la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y fortalecer el marco jurídico para enfrentar delitos vinculados al terrorismo como el lavado de dinero.