Las leyes sobre educación, deuda y transparencia van al extraordinario
Por 26 votos a favor y nueve en contra, el Congreso mexicano aprobó este miércoles tener un periodo extraordinario de sesiones del 21 al 23 de agosto.
Tras dos semanas de negociaciones, las principales bancadas pactaron desde la tarde del martes la agenda legislativa, en la que incluyeron las leyes secundarias en materia educativa, y las reformas sobre deudas de los gobiernos locales y transparencia, entre otros temas.
La agenda del Senado
En el caso del Senado, acordaron discutir la nueva ley sobre deudas de estados y municipios, una reforma para que los candidatos independientes también puedan competir por gobiernos estatales, la homologación de los registros públicos de propiedad y el nombramiento de los 14 funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco), dijo a medios el líder de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón.
La legislación sobre deuda busca limitar la contratación de préstamos por parte de autoridades estatales y municipales, al obligarlas a que éstos deban ser aprobados por mayoría calificada en los congresos locales (dos tercios de los votos) y prohibir que esos recursos sean empleados en gasto corriente.
Al igual que las reformas para permitir candidatos independientes en elecciones para gobernador y la que homologaría los catastros, la de deudas de estados y municipios ya fue aprobada en la Cámara de Diputados . Para entrar en vigor, los tres documentos también requieren el visto bueno de los senadores.
Los nombramientos del Ifetel y la Cofeco, por otra parte, corresponden exclusivamente al Senado, que elegirá de entre una lista de aspirantes que enviará el presidente Enrique Peña Nieto. Ambas instituciones fueron creadas con la reforma en telecomunicaciones avalada en abril y tendrán facultades para otorgar concesiones en radio, televisión y telecomunicaciones y evitar prácticas monopólicas.
Los temas de la Cámara baja
En el caso de la Cámara de Diputados, los legisladores acordaron tratar la reforma sobre transparencia y las leyes secundarias de la reforma educativa.
La primera implica otorgar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al que se busca dar poder para transparentar la información de gobiernos estatales, municipales, sindicatos y partidos políticos.
El documento, sin embargo, ha generado controversia entre las fuerzas políticas desde que llegó a la Cámara baja en diciembre. El PRI, primera fuerza en San Lázaro, plantea remover a los actuales comisionados del IFAI y, según organizaciones civiles, retirar a los partidos como entes sujetos a la institución, una propuesta a la que se oponen el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Las leyes secundarias sobre educación son necesarias para que comience a aplicarse la reforma educativa aprobada en diciembre pasado. El Congreso debe avalar tres legislaciones —la General de Educación, la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la del Servicio Profesional Docente—, pero las iniciativas aún están elaborándose.
Los puntos que quedaron fuera
El diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD, dijo que la Cámara de Diputados dejó fuera la reforma financiera, pero los legisladores contemplan incluirla en un segundo periodo extraordinario de sesiones si las comisiones que la analizan avanzan en su revisión.
En el Senado, por otra parte, prevaleció el desacuerdo en torno a la creación de una comisión nacional anticorrupción, un punto que la semana pasada dificultó las negociaciones sobre la agenda legislativa .
El priista Gamboa Patrón dijo en rueda de prensa que su bancada rechaza la exigencia del PAN de que sean nombrados cinco funcionarios especializados en combate a la corrupción.
Por separado, el senador Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN, señaló a medios que su grupo parlamentario rechaza la propuesta del PRI de que la comisión dependa de la Procuraduría General de la República (PGR), en vez de tener autonomía constitucional, como plantearon las propuestas originalmente enviadas al Congreso a finales de 2012.
“No hay prisa, estamos a 15 días de que tengamos periodo ordinario. Vamos a seguir trabajando. La comisión nacional anticorrupción es uno de los pendientes que tiene el Senado y es un compromiso de los senadores de sacarlo en el periodo ordinario (que inicia el 1 de septiembre)”, dijo Gamboa Patrón.