Guerrero rompe el diálogo con policía comunitaria por toma de ayuntamiento

El gobierno de Guerrero rompió toda negociación y diálogo con los policías comunitarios que participaron este lunes en la toma del ayuntamiento de Tixtla, en el centro del estado, donde resultó lesionado el secretario de Seguridad Pública municipal, Rubén Reyes Cepeda.

El grupo con el que se rompió diálogo es el de los policías comunitarios de los municipios de Tixtla (en la región centro del estado), Olinalá (región de La Montaña) y Ayutla (región de la Costa Chica de Guerrero), que anteriormente había sido identificado como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

La CRAC, conformada desde hace 17 años en Guerrero, se comenzó a dividir en dos grupos desde hace dos semanas: el primero, dirigido por Elíseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, ha recibido uniformes y credenciales, incluso recursos económicos de manera anual, de parte del gobierno.

Y el otro, el de los policías comunitarios de Tixtla, Olinalá y Ayutla están siendo dirigidos por Gonzalo Molina. Ellos no han recibido recursos y no han sido reconocidos oficialmente.

“Se rompió el diálogo porque tomaron estos grupos civiles armados de Tixtla el ayuntamiento e hirieron al secretario de Seguridad Pública municipal. Lo hirieron con arma blanca entonces el gobierno del estado toma determinaciones porque no puede estar sucediendo esto”, detalló el funcionario.

El dirigente de la CRAC, Eliseo Villar se desmarcó desde hace poco más de dos semanas de los policías comunitarios de los municipios de Tixtla, Olinalá y Ayutla por cometer acciones fuera de la ley, como bloqueos de carreteras, toma de ayuntamientos y retención de personas en casas de justicias.

Hernández Nava, dijo en entrevista con CNNMéxico que la CRAC mantiene su trabajo sólo al interior de las comunidades “dentro de la ley” por lo que dejaron de reconocer al grupo de policías comunitarios de Tixtla, Olinalá y Ayutla, quienes han llevado a cabo retenciones de personas, entre ellas un síndico y dos menores de edad, bloqueo de carreteras y toma de ayuntamientos.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero dijo el pasado lunes que las acciones violentas de “un grupo de Tixtla” fuera de la CRAC y la UPOEG “violaron” los acuerdos que se habían pactado.

El gobernador Aguirre ha reconocido la existencia de los grupos, aunque ha indicado que la autodefensa de Tixtla, dirigida por Gonzalo Molina, está fuera de la ley.

La tarde del lunes al menos 100 policías comunitarios tomaron por tres horas el ayuntamiento de Tixtla, para exigir la liberación de más de 20 de sus integrantes,  que fueron detenidos en dos operativos especiales  que montaron el Ejército mexicano, la Marina, la Policía Federal y la estatal, la semana pasada.

Los comunitarios piden la liberación de la dirigente de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, detenida el 21 de agosto, a la que un juez en materia penal dictó este martes auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado.

Salgado es la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policías Comunitarias en Olinalá (CRAC)-municipio de La Montaña.

El vocero del gobierno estatal, José Villanueva Manzanares, informó a CNNMéxico que, de acuerdo con el informe oficial, a Reyes Cepeda lo agredieron con un arma blanca, y sufrió una lesión en su brazo derecho, aunque su condición de salud no es reportada como grave.

La Procuraduría General de Justicia estatal iniciará en las próximas horas un procedimiento jurídico en contra del  grupo de policías comunitarios que participó en la toma violenta , dijo el vocero.

El otro grupo de autodefensa en Guerrero es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Surgió el 5 de enero de 2013, en la región de la Costa Chica, por el tema de la violencia del crimen organizado.

La UPOEG recibió a mediados de abril uniformes, radios de comunicación y credenciales por parte del gobierno del estado. Incluso fueron reconocidos por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, como parte del Sistema de Justicia Ciudadana.

El municipio de Tixtla se encontraba  resguardado este lunes por el Ejército y las fuerzas estatales de seguridad pública.

Es solo el inicio, advierten comunitarios

El dirigente de los policías comunitarios en Tixtla, Gonzalo Molina González, dijo a CNNMéxico que esa toma del palacio municipal y enfrentamiento con policías municipales es solo el comienzo de sus movilizaciones.

Dijo que la policía comunitaria lanza una advertencia al gobierno del estado para exigir la liberación de sus compañeros y de la líder Nestora Salgado, por lo que advirtieron que, de no tener una respuesta favorable, este tipo de protestas subirán de intensidad.

“Esto es una prueba para el gobierno estatal y federal de que no vamos a permitir que sigan atropellando nuestros derechos. Como nuestros compañeros no son liberados comenzamos a hacer acciones, esto va a depender de que se escalone la violencia, si nuestros compañeros son liberados ya no habrá acciones, pero si no es así pues vamos hacer más cosas”, mencionó.

El mando de la policía comunitaria explicó que el llamado al gobierno del estado y a la federación es respetar los derechos de sus integrantes detenidos en diferentes operativos, pues afirmó que no existe delito que perseguir.

Protestas de apoyo

Mujeres dirigentes de cuatro organizaciones de indígenas de Guerrero protestaron en el interior del aeropuerto internacional de Acapulco para exigir la liberación de Salgado García, o bien su presentación pública para conocer su condición de salud.

El grupo de mujeres llegó al aeropuerto internacional con flores rojas y globos blancos, que entregaron a turistas y trabajadores que estaban en la zona para informarles de la problemática que viven  los grupos comunitarios.

Militares desarman a policías comunitarios

 

Efectivos del Ejército desarmaron a los policías comunitarios que marchaban del municipio de Ayutla a Florencio Villareal, ambos ubicados en la región de la Costa Chica de Guerrero, para exigir la liberación de 22 de sus compañeros.

Con golpes y empujones, al menos 600 militares les quitaron las escopetas y rifles calibre 22 a por lo menos mil policías comunitarios, quienes se dirigen a la comunidad de El Paraíso, perteneciente al municipio de Ayutla, para reagruparse y preparar acciones.

El coordinador de este grupo de la policía comunitaria en el poblado de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, dijo que durante el desarme que realizaron los marinos y elementos del ejército golpearon a mujeres y niños, además que las armas que portaban son legales y fueron autorizadas por las fuerzas militares.

“Durante el desarme golpearon a niños y mujeres, las mujeres venían apoyarnos, nosotros no vamos a ceder ni un paso más y vamos a tomar la carretera federal y exigimos que liberen a nuestros compañeros detenidos por la procuraduría de justicia”, indicó.