PAN y PRD condicionan la reforma fiscal a mayor transparencia en el gasto

Los principales partidos de oposición en el Congreso mexicano condicionaron la discusión de la reforma hacendaria que propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto a que antes se aprueben controles para vigilar los recursos públicos, como un nuevo órgano anticorrupción, mayor transparencia y el fortalecimiento de las instituciones que fiscalizan el gasto.

"Sería condición para discutir el tema la reforma político-electoral, donde vienen los controles de transparencia y de rendición de cuentas", dijo a pregunta expresa el líder de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado.

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En un encuentro con medios este jueves, el panista señaló que la creación de la nueva comisión nacional anticorrupción está detenida en comisiones del Senado, desde hace casi un año, porque el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantea que ese órgano dependa de la Procuraduría General de la República (PGR), en lugar de ser autónomo.

"Si no nos están dando esos controles de transparencia, nos queda claro que no hay la voluntad de que todo este recurso con el que se va a endeudar al país se va a ejercer de manera transparente", dijo.

Miguel Barbosa, líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidió en que debe aprobarse la comisión nacional anticorrupción, así como la reforma para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y definir mayor austeridad en el gasto gubernamental.

"Para nosotros sí (sería condición)... Lo vamos a meter en la discusión. Va a ser parte de lo que hemos planteado", dijo a pregunta expresa en otro encuentro con la prensa.

"¿Qué le falta (a la reforma fiscal) en ese rubro y fue parte de nuestro posicionamiento? Falta transparencia, falta rendición de cuentas y falta austeridad. No hay un planteamiento de achicar el costo del gobierno. Se presenta como una reforma progresiva por recaudar más, hasta 240,000 millones de pesos, pero no hay una forma de establecer que el gobierno cueste menos", señaló el perredista.

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Entrevistados por separado, el senador panista Jorge Luis Lavalle, secretario de la Comisión de Administración del Senado, y el diputado perredista Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de la bancada, consideraron también que se debe exigir al gobierno reglas de operación claras en sus programas e impulsar una reforma a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"Hay que fortalecer al órgano superior de la Federación y, sobre todo, hay que dotarlo con dos instrumentos: más presupuesto, para ampliar su margen de auditorías y de intervenciones, y de más dientes", dijo Alonso Raya.

La ASF es el órgano del Congreso responsable de fiscalizar la cuenta pública. La oposición considera que deben acortarse los plazos en los que revisa el uso de los recursos, que duran más de un año.

Las ONGs se suman al reclamo

El reclamo para que el gobierno de Peña Nieto detalle en qué forma usará los recursos que piensa recabar con la reforma fiscal también es respaldado por organizaciones civiles.

"Tú no puedes plantear un incremento en los impuestos o nuevos temas a gravar si no le das confianza al ciudadano de que los recursos se van a emplear de la mejor forma. (…) Sin un sistema de integridad para el país, que tenga transparencia, rendición de cuentas, medición por resultados, un ejercicio de lo más abierto del gasto público, pedir que los sectores o que los particulares nos sumemos a una reforma es difícil", dijo el director de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez.

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Entre otros puntos, la reforma fiscal plantea gravar colegiaturas, operaciones con inmuebles, transporte foráneo de pasajeros, espectáculos y un aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 32%.

Durante la presentación del documento, Peña Nieto prometió que los nuevos ingresos  se destinarían principalmente a educación e infraestructura y no a gasto corriente . También aseguró que su propuesta de paquete presupuestal para 2014 —vinculada a su iniciativa hacendaria— plantea un ejercicio transparente del dinero.

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Bohórquez consideró que ese compromiso presidencial es positivo. Sin embargo, agregó que para hacerlo realidad el gobierno tiene el reto de impulsar las reformas sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que el Congreso discute desde 2012, así como de iniciar cambios por su cuenta en las dependencias federales. 

Una medida que puede tomar es difundir cuáles son los indicadores con los que mide el desempeño de sus programas y qué resultados deben conseguir, comentó.

Las reformas 'congeladas'

La formación del nuevo órgano anticorrupción aún no se aprueba en comisiones del Senado, mientras la reforma sobre transparencia ya fue avalada por ambas cámaras, pero diputados y senadores  todavía deben llegar a acuerdos sobre las últimas modificaciones al documento . 

La iniciativa plantea que el IFAI pueda transparentar la información de todos los niveles de gobierno, poderes Legislativo y Judicial, partidos políticos, sindicatos e instancias que reciban recursos públicos. La única excepción prevista en el texto se daría en casos en que la Presidencia de la República considere que revelar ciertos datos arriesgaría la seguridad nacional. 

La investigadora Lourdes Morales, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas (RCC), coincidió con Bohórquez en que el gobierno está obligado a explicar cómo utilizará el dinero que obtenga gracias a los nuevos impuestos.

"Todas las reformas estructurales que se están discutiendo, la energética, la fiscal, la laboral, tienen que ver con rendición de cuentas. Y nos preocupa que no se esté exigiendo hacer una política pública de rendición de cuentas. Si bien es cierto que hay avances en términos de contabilidad gubernamental, creemos que al momento de anunciar esta reforma (fiscal) reina una incertidumbre sobre cómo se va a manejar, cuál va a ser el destino de estos nuevos recursos", dijo. 

La cúpula del sector empresarial también se ha sumado a las demandas por una mayor transparencia en el gasto público.

"La reforma hacendaria recae mayoritariamente en el sector productivo. Pagaremos más los contribuyentes cautivos, lo que implica un esfuerzo adicional. (…) Si se nos pide que contribuyamos más debe haber más transparencia y rendición de cuentas para que se nos garantice que el dinero se gastará eficientemente", dijo el lunes ante periodistas el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

El CCE es la principal agrupación del sector privado y afirma que algunos impuestos que propone el gobierno pueden impactar especialmente a la clase media, y en consecuencia, al consumo y el movimiento de la economía.

Se prevé que la reforma fiscal se discuta en los próximos meses y se vote antes de que termine el año, junto con la propuesta de paquete presupuestal para 2014.