La defensa de Édgar Tamayo apela a su salud mental para parar su ejecución
La salud mental del mexicano Édgar Tamayo Arias es el último argumento legal de sus abogados para tratar de frenar su ejecución en Texas, Estados Unidos, programada para el 22 de enero.
La defensa y organizaciones civiles presionan al gobierno de Texas y a tribunales estadounidenses para que revisen el caso, argumentando no solo que Tamayo no tuvo un debido proceso penal —pues careció de asistencia consular inmediata cuando fue detenido por la policía en 1994—, sino que las autoridades no tomaron en cuenta que padece de discapacidad mental.
Los abogados tendrán otra oportunidad para exponer sus argumentos la mañana de este martes, cuando se realizará una audiencia ante la Corte para el Distrito Oeste de Texas. El equipo informó este lunes en un comunicado que pedirá de nuevo que la ejecución sea suspendida hasta que se revise el juicio.
El consultor jurídico de la cancillería mexicana, Max Alberto Diener Sala, dijo al respecto a la agencia Notimex que todavía existe una posibilidad jurídica de detener la condena, por lo que las autoridades mexicanas buscarán detenerla "hasta el último segundo".
Tamayo, de 46 años, fue condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense. Antes, cuando tenía 17, tuvo un accidente en el que fue golpeado por un toro. El golpe lo dejó en coma "varios días" y le causó daño cerebral, lo que a su vez detonó un comportamiento "más agresivo" y le generó "significativas discapacidades intelectuales" equiparables al retraso mental, según documentos que la defensa ha entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Cuando Édgar es juzgado y condenado, esto no se tiene en cuenta. Con posterioridad, la defensa de Édgar, cuando estaba recibiendo la asesoría legal del gobierno mexicano, hace un peritaje psicológico, con un experto independiente, que dictamina que, efectivamente, Édgar tiene una cierta deficiencia mental leve, lo cual hace que su responsabilidad penal sea menor e, incluso, según las leyes de Estados Unidos, no se puede ejecutar a alguien esas condiciones", dijo en entrevista Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional (AI).
La situación es inédita entre los mexicanos del caso Avena, como se conoce al fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Estados Unidos revisar las condenas de más de 50 mexicanos enjuiciados sin haber tenido la debida asistencia consular.
Dos mexicanos del caso Avena han sido ejecutados hasta la fecha —José Medellín en 2008 y Humberto Leal en 2011— y sus defensas trataron de frenar las condenas únicamente con el argumento de la falta de apoyo del consulado de México.
Antonio Ginatta, representante de Human Rights Watch (HRW), señaló que en Estados Unidos existe una polémica sobre las ejecuciones contra personas con discapacidad mental, porque si bien la Corte Suprema prohibió ese tipo de sentencias, no hay un criterio único para definir cuándo se considerará que una persona padece esa condición.
"En Estados Unidos estamos en mitad de un debate. (…) La Corte dejó a los estados definir qué era la discapacidad mental. Entonces, cada estado lo tiene diferente", dijo en entrevista.
Los gobiernos estatales de Estados Unidos, además, han rechazado acatar el fallo del caso Avena argumentando que al estar en un país federal, cada estado es soberano y no está obligado a seguir los tratados internacionales firmados por el presidente.
Los familiares de Tamayo, en tanto, mantienen la esperanza de que la condena sea suspendida o incluso conmutada, según el secretario de Gobierno de Morelos, Jorge Messeguer.
"Me parece que ellos no van a perder la esperanza hasta el último momento. Sin embargo, también los ubiqué o los sentí con cierta no resignación pero sí tranquilidad, en el sentido de que ellos van a hacer hasta el último intento para poder salvar la vida", dijo el funcionario, quien recientemente se reunió con la familia en varias ocasiones.
Los Tamayo son originarios de Morelos, un estado del centro de México. Según Messeguer, los padres y dos hermanos viajaron a Texas el 12 de enero con apoyo tanto del gobierno morelense —que pagó los vuelos y tramitó pasaportes y visas— como de la cancillería mexicana —que los recibió en territorio estadounidense y les ayuda a ingresar al penal.
El viernes, la CIDH pidió al gobierno de Texas suspender la ejecución y revisar el caso, una solicitud en la que dos días después insistió el gobierno de México. En diciembre, fue el secretario de Estado, John Kerry, quien intercedió a favor de Tamayo.
Las autoridades de Texas no se han pronunciado sobre los nuevos exhortos. Sin embargo, a principios de este año señalaron que no tenían intención de detener la condena contra Tamayo.
"No importa de dónde vengas: si cometes un crimen despreciable como este en Texas, estás sujeto a las leyes de nuestro estado, incluyendo un juicio justo por un jurado y la pena máxima", dijo entonces Lucy Nashed, vocera del gobernador Rick Perry.
Una vocera de la fiscalía texana, citada por CNN, señaló recientemente que hace dos años se ofreció a la defensa llevar el caso a revisión a un tribunal federal, pero los abogados se negaron.