El siguiente reto para los juicios orales: la capacitación de funcionarios
La posibilidad de que un abogado se pare frente a un juez para defender al acusado de un delito —una imagen clásica de las películas de Estados Unidos— está más cerca de volverse una realidad en todo México.
Ese escenario se aproxima después de que este miércoles el Congreso aprobara el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se fijan las reglas que deberán seguir los juicios orales en todo el país.
La aprobación del documento representa “un avance” para la implementación de la reforma penal de 2008 y permitirá que los procesos sean más transparentes y ágiles, porque eliminará las diferencias que actualmente existen entre el código federal y los códigos locales, según penalistas consultados.
Sin embargo, los juristas también advierten que el desafío inmediato para el país es capacitar a todos los funcionarios que tendrán que aplicar la nueva legislación a más tardar en junio de 2016: policías, ministerios públicos, defensores de oficio y jueces.
“Hay retos importantes. El primero es que debemos estar preparados para abordar este nuevo sistema. Yo soy de la idea de que no estamos todos preparados, en plural, porque ni jueces ni ministerios públicos ni abogados postulantes estamos plena y totalmente capacitados para entrarle a este sistema”, dijo Víctor Olea, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).
La BMA fue una de las organizaciones que durante 2013 trabajaron con la Comisión de Justicia del Senado en la redacción del nuevo Código.
Entre sus principales puntos incluye que todas las audiencias de un proceso deberán ser públicas —salvo algunas excepciones, como que el juez considere que esto pondría en riesgo a la víctima o al acusado— y que los funcionarios tendrán que asegurarse de que el imputado sepa en todo momento cuáles son sus derechos.
También establece que el ministerio público y la defensa podrán confrontar sus argumentos durante una audiencia, así como mecanismos alternativos de solución de conflictos, con los que las partes podrían llegar a acuerdos en vez de sostener todo un litigio.
Para Olea, el cambio que representan estas medidas respecto del sistema penal actual, basado en expedientes, es tan grande que obliga a que todos los involucrados aceleren su capacitación.
“Es un gran reto que tenemos y creo que todavía mucha gente lo está tomando a la ligera”, dijo.
El penalista José Antonio Granados Atlaco coincidió con ese punto de vista. Consideró que el reto se resume en lograr que todos los funcionarios actúen con apego al debido proceso penal.
Para Juan Salgado, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las áreas en las que se debe trabajar con mayor urgencia es la de los defensores de oficio.
“La defensa pública en términos generales en el país, tanto en el ámbito federal como en el local, está en una situación muy precaria y en ese sentido es necesario fortalecer sus capacidades”, dijo.
Para Salgado, además, otro tema pendiente para la entrada en vigor de los juicios orales es que el Congreso apruebe un solo Código Penal, de forma que un delito esté tipificado de la misma manera en todo el país.
El asunto genera polémica entre diputados y senadores. Argumentan que las cámaras tendrían que definir si homologan o no la gravedad de los delitos en todos los estados.
Penalistas y legisladores, sin embargo, coinciden en que deben acelerarse los ajustes necesarios para que la reforma penal esté vigente en 2016.
Hasta 2013 —cinco años después de haber sido promulgada— la reforma sólo se aplicaba totalmente en tres estados: Chihuahua, Estado de México y Morelos. Más de la mitad de las entidades del país aún estaban en la etapa de planeación.
