Guerrero retoma el proceso de 'regular' el Sistema de Justicia Ciudadana
Un día después de que un grupo de guardias comunitarios en Guerrero participara en el bloqueo de un tramo de la Autopista del Sol para exigir un diálogo con el gobierno local, las autoridades estatales indicaron que a partir del próximo lunes tendrán mesas de trabajo con esa organización para “analizar, consultar y regular” su actividad en el estado.
El objetivo de la reunión de la próxima semana con representantes del grupo de defensa comunitario Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) será "analizar la operación y reglamentación del sistema de seguridad ciudadana" de esa organización, indicó este jueves el gobierno de Guerrero, en un comunicado.
El acuerdo sobre las mesas de trabajo ocurrió durante una reunión este jueves, donde participaron el gobernador Ángel Aguirre y el representante de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
No será la primera ocasión en que hay un acercamiento entre la UPOEG —el grupo comunitario de defensa con mayor expansión en Guerrero, al tener presencia en 21 localidades— y el gobierno estatal.
En abril de 2013, cuando la UPOEG formó su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, realizó un convenio con el gobierno de Guerrero para vigilar algunas regiones, sin realizar retenes ni cubrir sus rostros, y regulando su armamento, sin participar en eventos de orden político.
"Este día concluye la etapa del movimiento de autodefensa en Guerrero para dar inicio al Sistema de Seguridad Ciudadano… como un modelo coadyuvante para la seguridad pública en regiones con alta presencia indígena", dijo en su oportunidad el gobernador Aguirre.
Con ese acuerdo, agregó, las autodefensas habrían de “encaminar su participación dentro de un marco legal”, explorando la alternativa de conformarse como “una policía rural dependiente del gobierno estatal” o como grupos de defensa rural, previstos incluso, por el Ejército Mexicano.
Más de nueve meses después, la UPOEG y el gobierno de Guerrero volverán a reunirse para dialogar, con el antecedente de que a finales de enero de 2014 ese grupo de autodefensa indicó que había tomado el control de la seguridad en ocho comunidades cercanas a Chilpancingo.
Justificaron esa acción al mencionar que los habitantes de esas comunidades —Cajeles, Buena Vista, El Rincón, Mohoneras, Dos Caminos, Carrizal, La Haciendita y Ocotito— les habían pedido ayuda al ser víctimas de grupos del crimen organizado, con delitos como secuestro y extorsión.
Los grupos de autodefensa en Guerrero operan en 46 de los 81 municipios del estado e implican el riesgo de que se genere una "espiral de violencia" en la entidad, según un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dio a conocer en diciembre.
Además de la UPOEG operan en el estado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y en menor nivel la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG, cuatro), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP, tres), la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC, una) y el Movimiento Aplaxtlense Adrián Castrejón (MAAC, una), de acuerdo con el estudio.
