Senado avala sanciones a candidatos que "adquieran" tiempo en medios
Apenas 22 días después de que llegara al Congreso, el pleno del Senado aprobó este miércoles una enmienda a la Constitución para sancionar a los candidatos que "adquieran" tiempo en medios electrónicos.
El texto —promulgado en febrero pasado— únicamente establecía sanciones para los candidatos que "compren" tiempo en medios. Esto fue criticado por legisladores del PAN y del PRD, argumentando que con ello se dificultaría sancionar a quien viole la ley, porque para comprobar una compra se requeriría presentar los contratos correspondientes.
La modificación fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto , militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que los partidos de oposición Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) criticaran cómo quedó el artículo 41 constitucional con la reciente reforma político-electoral.
Con la enmienda aprobada este miércoles, según sus promotores, crecerán las posibilidades de sancionar a un aspirante infractor porque el término "adquirir" es más amplio y, por ejemplo, puede incluir las donaciones.
De esa manera, el candidato que "compre o adquiera" tiempo en medios será sancionado con la anulación de la elección, si su triunfo se dio por menos de cinco puntos de ventaja respecto de su más cercano rival.
Otras faltas sancionadas con la nulidad de unos comicios son el rebase del tope de gastos de campaña y el uso de recursos públicos.
"Con esta reforma se pretende evitar la simulación que se puede dar al obtener de forma indebida cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues es dable colegir que la posibilidad fáctica de obtener espacios en los medios de comunicación no necesariamente se da por medio de la contratación de los mismos, sino que puede haber otras formas susceptibles de ser utilizadas por partidos políticos y candidatos", señala el dictamen votado .
La enmienda aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y, al implicar modificaciones a la Constitución, tiene que ser avalada por más de la mitad de los congresos estatales.
El cambio se produce al tiempo que el Senado se prepara para discutir las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral, indispensables para que funcionen puntos como la reelección de legisladores y alcaldes o la creación del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE).