Un senador del PRD pide más penas por acaparar productos básicos
El alza en el precio del limón , de más del 200% de diciembre pasado a marzo, llevó a un senador de la izquierda a proponer que las penas en contra de los acaparadores de productos básicos se eleven hasta los 30 años de cárcel, cuando al cometer este delito se amenace la paz social.
En una iniciativa que presenta al pleno del Senado este jueves, Armando Ríos Piter señala que el incremento en los precios del limón es un ejemplo de las consecuencias de la especulación y el acaparamiento, actividades que impactan a la población.
"El acaparamiento de productos agrícolas representa una actividad ilícita que atenta contra el consumo de las familias mexicanas, las prácticas de acumulación distorsionan los precios y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población al limitar el consumo de productos de consumo básico", dice la propuesta del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Para combatir este delito, Ríos Piter propone reformar el Código Penal Federal y crear una Ley contra el Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular, que plantea dar más facultades a la Secretaría de Economía federal (SE) para que investigue y promueva sanciones contra quienes acaparen ciertos bienes.
La lista de productos básicos incluye tortilla de maíz, pan, arroz, frijol, lenteja, guayaba, limón, manzana, naranja, papaya, plátano, toronja, aguacate, ajo, calabacita, cebolla, col, chayote, chícharo, chile, ejote, espinaca, lechuga, nopal, papa, pepino, jitomate, tomate, zanahoria, pollo, res, pescado, mariscos, huevo, aceites, café de grano y azúcar, así como el abasto de gasolina y diesel.
Ríos Piter, además, propone elevar las penas para los acaparadores, que actualmente van de tres a 10 años de prisión y de 200 a 1,000 días de salario mínimo de multa (de 13,400 a 67,000 pesos, aproximadamente).
Las sanciones que plantea el perredista —secretario de las comisiones de Hacienda y de Gobernación— van de cuatro a 10 años de cárcel y de 1,000 a 2,000 días de muta (de 67,000 a 134,000 pesos) y, según la iniciativa, podrían triplicarse si quien comete el delito busca "amenazar la paz, el orden social o daño a la población".
El documento señala que la SE estaría obligada a supervisar el abasto de productos básicos y a iniciar investigaciones en caso de encontrar "precios exagerados".
La dependencia determinaría si un precio es excesivo con base en los costos normales de producción, la situación de oferta y demanda nacional e internacional, y los riesgos para la economía nacional, entre otros factores.
En entrevista, Ríos Piter dijo que el objetivo de la bancada del PRD es que este tema se incluya en la discusión de las leyes secundarias en materia de competencia económica, junto con otros como la posible creación de una fiscalía especializada en delitos contra los consumidores y las reglas para los tribunales correspondientes.
Esa legislación debía haber quedado aprobada por el Congreso en diciembre pasado pero desde entonces ha tenido retrasos. A finales de marzo quedó avalada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado, donde el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca que se le dé el visto bueno antes de que termine el periodo de sesiones el 30 de abril.
Para Ríos Piter, sin embargo, las prisas no deben llevar a los legisladores a dejar de lado aspectos importantes.
"Si queremos tener un marco regulatorio de verdad moderno, completo, no creo se deba acelerar el paso sólo por acelerar. Hay mucha tela de dónde cortar", dijo.
La iniciativa llega al Congreso días después de que el limón llegara a un precio de hasta 80 pesos por kilo en algunas ciudades de México, más caro que en otros lugares del mundo como Roma (Italia), Madrid (España) y Texas (Estados Unidos).
Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido que presentará denuncias penales en caso de detectar que el alza se debe a especulación o acaparamiento de productos.