El Senado eleva a 140 años de prisión el castigo para los secuestradores
El Senado mexicano aprobó este lunes una reforma legal que eleva las penas contra secuestradores hasta los 140 años de prisión, en momentos en que la incidencia del secuestro va al alza en el país.
La aprobación por 61 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones se produjo luego de que el debate quedara suspendido durante dos semanas por falta de acuerdos entre las principales bancadas.
La modificación —que aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados— busca atender el "clamor popular" que exige medidas que frenen ese delito, según el senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y militante del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"Estamos mandando el mensaje a la sociedad de que nos preocupa la inseguridad en que vive", dijo Fayad, uno de los principales promotores de la reforma, cuando ésta llegó al pleno el 10 de abril.
El cambio implica modificar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro , promulgada en 2010, luego de que el gobierno federal, el Congreso y los estados pactaran tomar acciones para combatir los delitos de alto impacto social. Además del secuestro, entre ellos están el homicidio y la extorsión.
Con la reforma, los secuestradores que asesinen a sus víctimas recibirán una pena de 80 a 140 años de prisión, según el dictamen votado . Actualmente, ese castigo va de 40 a 70 años de cárcel.
En caso de que el secuestrador torture o ejerza violencia sexual contra la víctima, la pena será de 50 a 100 años de prisión, y si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60, la pena será de 50 a 90 años de cárcel.
Las menores penas previstas en la ley van de 40 a 80 años de prisión.
Fayad reconoció que el tema es "controversial" porque confronta los derechos humanos de los detenidos con los derechos de las víctimas y la seguridad pública. Sin embargo, consideró que los legisladores deben estar del lado de las víctimas y buscar que se castigue a quien comete un crimen.
El argumento fue respaldado por senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado tradicional del PRI y autor de la propuesta de reforma.
Durante las campañas electorales de 2009 para renovar la Cámara de Diputados, el PVEM generó polémica porque uno de los puntos clave de su plataforma política era proponer pena de muerte para secuestradores, un planteamiento que no prosperó en el Congreso.
Durante el debate del 10 de abril, los senadores de izquierda se manifestaron en contra de la propuesta, argumentando que elevar las penas no frenará el delito si quienes lo cometen no son procesados.
"Con esta reforma o con esta propuesta no se va a resolver el problema del secuestro. En primer lugar, porque hay impunidad (…) La forma de combatir un delito es acabar con su impunidad", dijo entonces Alejandro Encinas, integrante de la Comisión de Seguridad Pública y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Otros senadores como la perredista Angélica de la Peña y Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (PT), señalaron que la reforma es inconstitucional y violatoria a los derechos humanos y que se oponen a ella no porque busquen proteger a delincuentes, sino porque refleja "populismo punitivo".
"No ha sido populismo mediático. Ha sido parte de nuestra plataforma política, que venimos a cumplir", respondió más tarde el senador Carlos Alberto Puente, del PVEM.
La medida avanza en el Congreso dos meses después de que el gobierno federal lanzara una nueva estrategia antisecuestro , luego de reconocer el alza en la incidencia de este delito.
Con ese plan, la administración de Enrique Peña Nieto busca aumentar la coordinación con otras autoridades y fortalecer las unidades policiales dedicadas a desmantelar las bandas de secuestradores.
De 2012 a 2013, el número de secuestros en el país creció en 32% , según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esa tendencia al alza se ha mantenido en los primeros meses de 2014, en los que se ha registrado un incremento de 11% en el número de casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.