10 claves para desenredar el debate sobre la ley de telecomunicaciones
La censura de contenidos en internet, las facultades del nuevo órgano regulador y los límites a las principales empresas de radio, televisión y telefonía son algunos de los elementos de la ley de telecom que han generado controversia.
El debate de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones quedó suspendido este jueves, luego de que los principales partidos acordaron discutir primero otros pendientes , con lo que este tema se abordaría en un periodo extraordinario.
La legislación debe reglamentar la reforma constitucional aprobada en 2013 con apoyo de todas las fuerzas políticas, que entonces señalaron que con esos cambios a la Carta Magna se fomentaría el desarrollo del sector a través del combate a los monopolios, de la apertura a la competencia y del ofrecimiento a los usuarios de más opciones de servicios.
Sin embargo, las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto han generado una fuerte polémica entre legisladores, expertos y ciudadanos por algunos temas, como los 10 que detallamos a continuación.
1. Las facultades del 'árbitro'
Uno de los aspectos que ha causado más controversia es el de qué facultades tendrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el órgano regulador creado con la reforma constitucional.
En 2013, el Congreso estableció que el IFT será autónomo, pero legisladores de oposición y organizaciones civiles consideran que la iniciativa presidencial busca quitarle poderes para dárselos al gobierno federal.
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), por ejemplo, señala que el presidente plantea "subordinar" las facultades del IFT a la Secretaría de Gobernación (Segob), en áreas como la supervisión de contenidos en radio y televisión (artículo 218).
2. La defensa de los usuarios
Para las organizaciones civiles, otro punto "flojo" de la iniciativa presidencial es el relativo a la defensa de los usuarios (artículo 198).
La propuesta del gobierno federal planea que ésta únicamente quede a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Quienes critican esto argumentan que esa medida dejaría relegado al IFT en cuanto a sus posibilidades de defender a los usuarios, dado que tampoco se contempla otorgarle facultades para sancionar a quienes afecten a los consumidores.
3. Preponderancia
Uno de los puntos clave de la reforma constitucional fue establecer que el Estado, a través del IFT, deberá determinar cuándo una empresa es preponderante e imponerle obligaciones para restarle fuerza y permitir la entrada de más competidores.
Según la iniciativa presidencial (artículos 260 a 275), un actor será preponderante cuando tenga control de más del 50% del mercado en radiodifusión (radio y televisión) o en telecomunicaciones (telefonía).
No obstante, los opositores al documento consideran que el presidente da un trato desigual a las empresas de esos sectores.
Organizaciones civiles y legisladores como el senador panista Javier Corral han señalado que las medidas que se busca imponer a los actores preponderantes son mucho mayores en el caso del sector telecomunicaciones en comparación al sector radiodifusión, lo que perjudicaría a las compañías de Carlos Slim (Telmex, Telcel) y beneficiaría a las televisoras Televisa y TV Azteca.
"La iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus disposiciones más relevantes e ignora varios mandatos reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las televisoras", dijo Corral a finales de marzo, luego de que Peña Nieto envió su propuesta al Senado.
El documento prevé que si una empresa de telecomunicaciones es declarada preponderante, el IFT pueda imponerle hasta 28 medidas como obligarlo a que sus tarifas requieran su autorización; mientras que para un actor preponderante en radiodifusión se contemplan 23 acciones como impedirle que participe en más licitaciones.
4. Propiedad cruzada
Los críticos de la iniciativa presidencial también consideran que ésta no es clara en el tema de la propiedad cruzada, es decir, cuando una sola empresa posee distintos tipos de medios en una sola localidad o región.
Al respecto, la propuesta presidencial (artículo 283) no establece en qué porcentajes una sola compañía podría ser propietaria de varios medios —por ejemplo, una emisora de radio y una de televisión por cable—, lo que da pie a la concentración de medios en pocas manos, según la AMIC.
5. La transición digital
La iniciativa presidencial establece que las señales de televisión analógicas deberán terminar a más tardar el 31 de diciembre de 2015 (artículo décimo sexto transitorio) para dar paso a la tv digital.
Sin embargo, agrega que algunas estaciones podrán seguir transmitiendo en esa modalidad durante dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2017. Esta posibilidad incluye a las emisoras que operen con una potencia menor a 1 KW para canales VHF y con una menor a 10 KW para canales UHF.
Para la AMIC, al permitir excepciones en este renglón, se tornaría "más errática" la transición de televisión analógica a digital.
6. Medios públicos
Los críticos de la iniciativa presidencial consideran que ésta no favorece a los medios de comunicación públicos, al limitar la posibilidad de que se financien por vías distintas al presupuesto del Estado.
El gobierno federal plantea que los medios públicos puedan recibir patrocinios, pero estos anuncios no podrían durar más de cinco segundos y deberían tener un formato distinto al de un comercial (artículo 88 y propuesta de Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México).
Quienes se oponen a esto creen que los medios públicos necesitan más fuentes de recursos para poder fortalecerse y crecer.
7. Control de Gobernación
La iniciativa presidencial plantea crear un organismo llamado Sistema Público de Radiodifusión de México, que sería el responsable de vigilar y promover el desarrollo de los medios públicos.
Para ello, sería el encargado de diseñar y aplicar un programa anual, con el que tendrían que coordinarse los medios públicos para cumplir "metas específicas para el mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión".
Este sistema estaría bajo control de la Secretaría de Gobernación, algo a lo que se oponen las organizaciones civiles porque consideran que equivale a restar autonomía a esta área.
8. Censura en internet
Uno de los puntos que más polémica ha generado es la posibilidad de que el gobierno federal ordene a una empresa bloquear un contenido en la red "cuando medie orden de autoridad" (artículo 145) o de que exija el bloqueo de señales en momentos o lugares críticos para la seguridad pública o nacional (artículo 197).
Esta semana, luego de las protestas que el tema generó , las autoridades federales prometieron hacer cambios a la propuesta presidencial y retirar esos aspectos del documento.
9. Intervención de comunicaciones
Otros puntos contemplan que el gobierno federal pueda solicitar a un concesionario que intervenga comunicaciones (artículo 190) y que le entregue el registro de las llamadas de un usuario (artículo 192).
Para los opositores de la iniciativa presidencial, esto representa un ataque a la privacidad de los ciudadanos. Además, implicaría costos económicos y dificultades técnicas para los concesionarios, que por ley deberían guardar esos registros durante al menos dos años.
10. Geologalización
Otro apartado de la propuesta de Peña Nieto (artículo 189) prevé que el gobierno federal pueda pedir a un concesionario de telefonía celular que localice en tiempo real un aparato ligado a delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.
Actualmente, el Código Federal de Procedimientos Penales ya contempla esa posibilidad, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a comienzos de año que la geolocalización únicamente podrá emplearse en casos extremos , es decir, si está en riesgo la vida o la integridad física de una víctima o si puede desaparecer un objeto robado.
El que este punto pueda incluirse en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones preocupa tanto a ciudadanos como a defensores de derechos humanos.