México "fracasa" en detener las prácticas de tortura, advierte Amnistía

Dos semanas después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalara que la tortura está "generalizada" en México, la agrupación Amnistía Internacional (AI) advierte que los esfuerzos del país por detener esta práctica "fracasan", tanto en el gobierno como en el Poder Judicial. 

En su más reciente reporte sobre el tema, AI reconoce que México ha firmado tratados y aprobado reformas legales que buscan combatir la tortura, como la reforma penal de 2008, con la que se estableció que cualquier evidencia o testimonio obtenidos con esos métodos serán declarados inválidos ante la justicia. 

Sin embargo, a juicio de la organización no gubernamental, estos cambios legales no han dado resultados, porque las autoridades no han tomado acciones suficientes para castigar a quienes incurren en este delito y porque se mantiene una cultura que "tolera" la tortura como una herramienta para combatir a la delincuencia. 

"Persiste una cultura de la negación y de la impunidad, a pesar de la promesa de Enrique Peña Nieto —en una carta dirigida a Amnistía Internacional en 2012, antes de asumir la presidencia mexicana— de que no toleraría ningún acto de tortura", señala el documento, que se hace público este martes. 

Al respecto, AI cita cifras del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ), según los cuales, de 1991 a la fecha los tribunales únicamente han emitido siete sentencias contra torturadores. 

En contraste, en solo tres años —de 2010 a 2013—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7,000 quejas contra funcionarios federales por presuntos casos de tortura. 

Al concluir una visita a México el pasado 2 de mayo, el relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, dijo a medios que esta práctica está "generalizada" en el país porque si bien no es alentada por los dirigentes políticos, sí se comete en "prácticamente todas las corporaciones" de seguridad. 

Para AI, esta tendencia se ha incrementado desde 2006, cuando las Fuerzas Armadas asumieron tareas de seguridad pública. Esta situación comenzó por orden del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) y se ha mantenido durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018). 

Entre los métodos que ha documentado AI están las amenazas de muerte contra detenidos o sus familias, los golpes, la asfixia con bolsas de plástico o ropa húmeda, las descargas eléctricas, las violaciones u otras formas de violencia sexual y las ejecuciones simuladas. 

"El uso de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de parte de los militares o de la policía sigue estando extendido en México, con impunidad para los torturadores", señala AI.

Uno de los casos que cita el reporte es el de Claudia Medina Tamariz, una mujer detenida por la Marina en Veracruz en agosto de 2012.

Según su testimonio, fue atada de manos y llevada a un cuartel, donde los militares abusaron de ella sexualmente y la golpearon para que firmara una declaración y aceptara ser culpable de crímenes que no había cometido. Tiempo después, Medina quedó en libertad y exigió que su situación sea investigada. 

Para AI, uno de los primeros factores que obstaculizan el combate a la tortura es, precisamente, que las quejas son "ignoradas o minimizadas". 

Frente a esos problemas, la agrupación recomienda que México adopte de forma urgente medidas como hacer que los detenidos sean llevados inmediatamente frente a la justicia, asegurar que tengan acceso a apoyo legal y a sus familiares, abolir la figura del arraigo , investigar cualquier queja por tortura y hacer exámenes médicos a los arrestados para registrar su estado de salud. 

México es uno de los cinco países para los que AI realizó un reporte especial este año. Los otros son Filipinas, Marruecos, Uzbekistán y Nigeria, que desde hace algunas semanas ha captado la atención internacional por el secuestro de casi 300 niñas por un grupo de extremistas islámicos.

A nivel global, el 44% de los ciudadanos temen sufrir tortura si llegan a ser detenidos, mientras, por el contrario, el 36% consideran que esta puede justificarse en algunos casos con motivos de seguridad pública, según una encuesta que AI realizó como parte de su reporte.