La evaluación a maestros confronta al presidente con seis estados

México conmemora el Día del Maestro este jueves, en medio de un conflicto legal entre el gobierno federal y el magisterio. 

A la fecha, el presidente Enrique Peña Nieto ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales contra los gobiernos y los congresos de seis estados, a los que acusa de haber aprobado leyes contrarias a la reforma educativa promulgada en febrero de 2013. 

Las entidades en litigio con el gobierno federal son Baja California, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, que se verían obligadas a modificar sus legislaciones en caso de que el máximo tribunal del país falle en su contra. 

En la mayoría de los casos, las controversias argumentan que esos estados "invaden" atribuciones de instancias federales o se alejan de los criterios establecidos por la reforma educativa, principalmente en materia de evaluación a docentes, según ha dicho el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. 

Tal es el caso de Baja California, Chiapas, Sonora y Zacatecas, de acuerdo con el funcionario. 

En Chiapas, por ejemplo, el presidente considera que ocho artículos de la ley del estado contradicen la reforma educativa porque, entre otras cosas, señalan que la Secretaría de Educación estatal diseñará los mecanismos para evaluar a los maestros, cuando esa tarea corresponde exclusivamente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

Además, el gobierno federal acusa a Chiapas de permitir que los profesores que reprueben las evaluaciones sean reasignados en labores educativas, a pesar de que en 2013 se estableció que conservarían sus plazas en el sector público, pero sólo en tareas administrativas. 

Baja California, Sonora y Zacatecas registran una problemática similar. En el caso de Sonora, el presidente impugnó 27 artículos de la legislación local, porque considera que dan pie a que los sindicatos magisteriales participen en el diseño de la evaluación que se aplicará a sus agremiados y por dejar que los docentes asciendan de cargo por el método de escalafón, es decir, cuando exista una vacante en un puesto superior al que ostentan. 

"(Se conocerá como escalafón) al sistema aplicable a los trabajadores de base de los niveles de educación básica y media superior, en materia de promociones, ascensos, cambios, incrementos de horas y otros movimientos, consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos", señala el artículo 2 de la legislación de la entidad. 

La reforma educativa tiene como uno de sus puntos clave establecer que el acceso de un maestro a una plaza, así como su ascenso y permanencia en el puesto, únicamente podrá darse por evaluaciones periódicas, que serán elaboradas por el INEE, un organismo autónomo de cualquier nivel de gobierno. 

Esta fue la primera iniciativa que Peña Nieto envió al Congreso —sólo 10 días después de que asumiera la presidencia— y quedó aprobada en diciembre de 2012 con el apoyo de los principales partidos. 

Desde entonces ha generado molestia entre los profesores, en especial de los agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que consideran la reforma educativa contraria a sus derechos laborales y quienes han organizado numerosas protestas en diversas entidades del país. 

Uno de los estados donde se han registrado más manifestaciones de la CNTE es Oaxaca, donde el presidente interpuso una controversia constitucional porque el gobierno estatal y el Congreso local no adecuaron la ley educativa local a la norma federal, como la Constitución los obligaba a hacerlo. 

Con ello, las autoridades federales buscan que la SCJN ordene a Oaxaca armonizar su legislación. 

En el caso de Michoacán, otra entidad con fuerte presencia de la CNTE, los legisladores locales sí modificaron la ley, aunque según el presidente, contradijeron la reforma educativa porque en cuatro artículos establecieron que norma local tendrá mayor peso que la de orden federal. 

Al presentar las primeras controversias en este tema hace un mes, Castillejos advirtió que el gobierno federal interpondrá aún más impugnaciones si lo considera necesario. 

"El proceso de análisis a las legislaciones locales continúa y se interpondrán todas las controversias constitucionales que sean necesarias para lograr que la legislación local esté en perfecta armonía con la reforma constitucional en materia educativa y con las leyes generales que de ella emanan", dijo ante los medios. 

Aunque la SCJN ya recibió los recursos legales del gobierno federal, no tiene un plazo límite para resolverlos. Mientras los ministros se pronuncian al respecto, las leyes impugnadas seguirán vigentes en sus respectivos estados.