Peña promulga las leyes de telecom cuestionadas por ONG
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este lunes las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, una legislación que causa polémica entre los partidos y que rechazan algunas organizaciones civiles, argumentando que contiene normas contrarias a los derechos humanos.
Con la promulgación, se crean dos nuevas leyes, la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman otras 10 normas vigentes, entre ellas, las de derechos de autor y la de inversión extranjera.
El decreto entrará en vigor dentro de 30 días, según sus artículos transitorios.
Las leyes reglamentan la reforma constitucional promulgada en junio de 2013 e incluyen los criterios para que una empresa sea declarada preponderante por sector, sanciones de hasta el 10% de los ingresos de una compañía si viola la normatividad en materia de competencia y la eliminación de cobros en llamadas nacionales de larga distancia a partir de enero de 2015, entre otros puntos.
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Al respecto, Peña Nieto dijo durante la ceremonia de promulgación que esta legislación impulsará la economía, pues ayudará a que existan mejores servicios, a que las empresas sean más competitivas y a que se reduzcan los costos de las familias en este rubro.
También aseguró que respetará la libertad de expresión, al impedir el bloqueo de contenidos en la red.
"(La reforma) asegura la libre expresión y manifestación de las ideas en todos los medios de comunicación electrónica, incluyendo internet", dijo.
Sin embargo, algunos legisladores de oposición afirman que estas reglas no promoverán la competencia sino que fomentarán prácticas monopólicas, en tanto que organizaciones civiles consideran que el apartado referente a la cooperación de los concesionarios con las autoridades en seguridad y justicia viola los derechos humanos.
A decir de las agrupaciones, puntos como obligar a que las empresas guarden por dos años un registro de las comunicaciones de sus usuarios o a que tengan que geolocalizar en tiempo real un teléfono celular vinculado con delitos son contrarias al derecho a la privacidad. Durante la ceremonia, Peña Nieto no hizo referencia a estos temas.
En ese contexto, un grupo de 219 organizaciones difundió este lunes una carta en la que llama al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esas disposiciones.
"Tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de los concesionarios de telecomunicaciones, y el acceso directo de las autoridades gubernamentales a esta información, en las condiciones definidas en esta nueva ley, vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía", señalan en la misiva, firmada por Amnistía Internacional, Artículo 19 y Fundar, entre otras.
"Si bien reconocemos que las autoridades necesitan utilizar estas herramientas en contra de la delincuencia, es necesario que el Estado garantice que no serán utilizadas de manera arbitraria, discriminatoria y sin ningún control", agregan.
Hasta la semana pasada, diputados de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) negociaban la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra esas disposiciones . Para hacerlo, necesitan reunir el apoyo de al menos un tercio de la Cámara baja —167 legisladores— en los 30 días posteriores a la promulgación.
