La ley de desaparecidos en Coahuila, una solución con "carga" a patrones
Una novedosa ley en México entró en vigor en el estado de Coahuila para proteger a las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido. Aunque soluciona un problema humanitario, está provocado otro con los empresarios que están obligados a pagarla.
La Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, aprobada por unanimidad del Congreso estatal en mayo, es de las primeras legislaciones en el país que garantiza ingreso familiar, acceso al servicio médico o la conservación de una vivienda en crédito cuando ocurre la desaparición del jefe o jefa del hogar.
Tanto los defensores de la ley —entre ellos la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y legisladores de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde y Nueva Alianza — como los dueños de negocios, han dicho que están a favor de la protección de víctimas de este delito.
Pero entre los empresarios existe un cuestionamiento que podría trascender a una impugnación ante tribunales: ¿por qué los patrones deben pagar los sueldos y prestaciones de un desaparecido por un problema de seguridad pública?
“Es una buena intención, y nos sumamos a ella, pero claro que quien debe tener todo tipo de responsabilidades y cargas tendrán que ser los gobiernos de los tres niveles”, dijo en entrevista Carlos Rangel, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Torreón.
Por el contrario, Blanca Martínez, directora del Centro Fray Juan de Larios de ayuda a familiares de desaparecidos, considera que la nueva legislación tiene un valor más allá del pago de sueldos y “no evade la responsabilidad estatal” sobre seguridad, sino que la complementa.
“Creemos que también es necesario que se asuma la corresponsabilidad que hasta ahorita no han asumido varios empresarios, que en el marco laboral se asuman los derechos laborales”, dijo Martínez.
La ley tiene dos meses de haber entrado en vigor, y en su promulgación, el 19 de mayo, fue respaldada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, y por el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, reportó la agencia Notimex.
Hasta el momento, todavía no se ha completado el trámite de ninguna solicitud de declaratoria de desaparición (de alrededor de 150 en gestión, según Martínez), en un estado en el que el gobierno reconoce que 1,600 personas están ilocalizables.
Pero la polémica ya empezó.
Una ley única en México
La Ley General de Víctimas federal, que entró en vigor hasta febrero de 2013 después de meses de que organizaciones y activistas buscaron su promulgación, ordena en su artículo 21 la creación de la figura jurídica de desaparecido, pero pocos estados lo han acatado.
Según su artículo 1, la nueva legislación de Coahuila busca “asegurar la protección más amplia” a las familias “o cualquier persona que tenga relación afectiva inmediata y cotidiana” con un desaparecido, por lo que ofrece por primera vez una figura jurídica para una persona ausente.
En Coahuila, la ley considera a una persona como desaparecida luego de que transcurrieron 30 días desde que fue vista por última vez y no es localizada, lo cual debe ser dictaminado por el Ministerio Público. Después un juez determina la validez del caso.
El artículo décimo dice que la declaratoria permite a una persona designada por el juez, entre otros beneficios, el “percibir los salarios y prestaciones” que el trabajador tenía hasta antes de desaparecer, lo que incluye acceso al Seguro Social y mantener los créditos de vivienda del Infonavit, así como el congelamiento de créditos bancarios que haya tenido el desaparecido.
El artículo 15 indica que los beneficios de protección a las familias estarán vigentes "hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona".
La administración federal ha titubeado sobre el número de desaparecidos en México, que creció desde el sexenio anterior a niveles alarmantes que dieron pie a la integración de la Ley General de Víctimas.
En mayo primero se presentó una cifra de 8,000 casos, pero después la Secretaría de Gobernación corrigió a 16,000 , lo que ha sido criticado por organizaciones independientes y activistas que señalan la incapacidad del gobierno en el tema.
El conflicto con los salarios
Los beneficios enlistados en el artículo 10 son los que han causado más polémica para los empleadores, pues dicen es desproporcionada la exigencia de transferir salarios y derechos laborales de una persona que ya no realiza su trabajo, además de que deben contratar a un suplente con los mismos derechos laborales.
“Sin encontrar en ellos (los patrones) ninguna responsabilidad y obligación, le avientan todas las cargas al sector patronal, violando no solamente la Constitución, sino leyes superiores también, como la Ley Federal del Trabajo”, dice Rangel, de la Canaco Torreón, la principal región industrial de Coahuila.
“Una vez encontrado, tenemos la obligación de reinstalarlo, y la pregunta es ¿qué va a pasar con la persona que se contrató para que cubra su puesto?”, cuestiona el presidente del gremio que agrupa a 6,600 negocios del municipio de Torreón.
Pero la activista Blanca Martínez dice que los promotores de la ley están “pidiendo actos de reciprocidad” a los empresarios, pues además de asegurar que el porcentaje de trabajadores desaparecidos “es muy, muy bajo”, la ley asegura el patrimonio de las familias.
“Facilita a las familias el poder garantizar que no se les quite la seguridad social, que no se les despoje de sus casas, poder resolver problemas de créditos, poder resolver problemas de registro civil, entre cosas”, dijo, pues asegura que ha habido casos de desalojos de familias que tenían una vivienda bajo crédito.
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira - y quien envió la iniciativa al Congreso estatal - se ha sumado al debate al decir que por “humanidad” los empresarios deben apoyar a los familiares de desaparecidos, e incluso dijo celebrar la polémica que genera el reclamo de los empresarios, pues hace visible “una tragedia humanitaria”.
“Hay una protesta porque se le pague. He escuchado voces muy respetables que dicen ¿por qué el patrón tiene qué pagar? Alguien me dijo que yo estaba llamando a la solidaridad; no, la solidaridad debe existir porque el trabajador está generando riqueza para el empleador y hay figuras que a la inversa obligan a la solidaridad del trabajador”, dijo Moreira al diario Zócalo Saltillo .
Un tema a negociar
La Ley Federal del Trabajo indica que una persona que no se presenta durante tres días consecutivos y sin justificación a laborar, puede ser despedida con su liquidación respectiva.
Las leyes anteriores hacían "muy costoso y muy largo para las familias”, el proceso de declaración de ausencia, para el que podrían pasar entre seis meses a tres años, explica Blanca Martínez.
Los familiares debían abrir un juicio más para la declaratoria de presunción de muerte “que es igual de costoso y largo”, y finalmente acceder a la liquidación de la víctima.
Pero con la ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, el trámite se resume a un mes y ofrece otras protecciones para una familia que ya es víctima de una tragedia como la desaparición de un ser querido, destaca la activista.
“No son las grandes cantidades de gente ni las grandes cantidades de dinero”, dice Martínez. “Estamos pidiendo actos de reciprocidad y de discusión. Veamos qué alternativas se pueden construir. Lo que sí nos llama la atención es la indiferencia ante el drama”, agrega.
Del lado empresarial, Rangel dice que no se trata de dejar desprotegidas a las víctimas, sino determinar de quién es la responsabilidad de asumir los costos de la inseguridad pública en Coahuila, donde Torreón fue uno de los municipios más violentos del país en 2013 .
“Aquí de lo que se trata es de no crear falsas expectativas a sectores muy necesitados como son las familias de los desaparecidos, y tampoco distraer a un sector productivo para andarse amparando contra leyes que atentan contra la economía del estado y contra el principio de certeza y legalidad”, dijo Rangel.
La Canaco en Torreón indicó que buscarán primero un diálogo con los legisladores locales, que se encuentran en periodo vacacional, antes de iniciar posibles acciones de impugnación a esta ley naciente que aún tiene varios capítulos por delante.
