3 casos de presuntos abusos de la fuerza pública encienden 'focos rojos'
Tres casos que recientemente han salido a la luz pública sobre supuestos abusos de la fuerza pública en contra de civiles prenden las alarmas de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones de la Policía y el Ejército.
Se trata de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de soldados en Tlatlaya, Estado de México; el ataque de policías municipales de Iguala, Guerrero, a normalistas que dejó seis personas muertas, 28 heridas y hasta el momento 43 estudiantes desaparecidos; así como el operativo de agentes estatales para desalojar a manifestantes en Chalchihuapan, Puebla, que provocó la muerte de un niño de 13 años de edad.
Tanto en Tlatlaya, Iguala y Chalchihuapan, los señalamientos han desatado polémica a nivel nacional e internacional, y los servidores públicos involucrados enfrentan investigaciones ante diversas instancias de justicia y protección de derechos humanos.
Según la Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía, elaborada a finales de 2013 por el Instituto Federal Electoral (IFE), las policías enfrentan un bajo nivel de confianza ciudadana de 22%, el cuarto más bajo después de diputados, sindicatos y partidos políticos.
Por el contrario, el Ejército cuenta con un 62% de respaldo de la población, con lo que se sitúa como la institución con el mayor nivel de confianza en dicho estudio.
A continuación te ofrecemos un recuento de estos tres casos.
1. Tlataya, ¿ejecución sumaria?
El enfrentamiento del 30 de junio en Tlatlaya —que dejó 22 personas muertas— generó reacciones a nivel nacional e internacional luego de que la agencia de noticias AP y la revista Esquire difundieron piezas periodísticas que sugerían que las muertes no se dieron en un enfrentamiento, sino que fueron ejecucciones extrajudiciales.
Originalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que se había tratado de un enfrentamiento con personas armadas, sin mencionar si existía alguna investigación en torno a la reacción de los elementos castrenses.
Pero luego de que el 19 de septiembre fue difundido por la revista Esquire el testimonio de una presunta testigo que aseguró que 21 de los 22 fallecidos ya se habían rendido cuando fueron ejecutados por los soldados, diversas instancias nacionales e internacionales exigieron a las autoridades una investigación para esclarecer los hechos. Incluso, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, consideró que el asunto pordía tratarse de un caso de este tipo.
Tanto la justicia civil como la militar han iniciado procesos en contra de los acusados; ocho ya fueron detenidos. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció este martes que iniciará un proceso penal por homicidio en contra de tres soldados involucrados en el caso, luego de comprobar que incurrieron en uso excesivo de la fuerza.
En tanto que la Procuraduría General de Justicia Militar presentó cargos contra ocho elementos —incluídos los tres indiciados por la PGR— por delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes. Y, este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto se manifestó confiado de que estas investigaciones permitirán llegar a la "verdad jurídica" de lo sucedido en Tlatlaya hace tres meses.
2. Agentes de Puebla, responsables por la muerte de un menor
El Gobierno de Puebla investiga a autoridades y policías estatales relacionados con el operativo del pasado 9 de julio en la comunidad de Chalchihuapan, donde los agentes dispararon contenedores de gas lacrimógeno para desalojar a una multitud de manifestantes, lo cual dejó 10 personas lesionadas, entre ellas un niño de 13 años de edad quien murió 10 días después, producto de las heridas.
En un principio, la administración estatal indicó que el menor había fallecido por un cohetón lanzado por los mismos manifestantes; después cambió su versión al aseverar que el niño había sido afectado por la “onda expansiva” de un artefacto arrojado por “infiltrados” en la manifestación.
El caso llamó la atención a nivel nacional, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó una averiguación que determinó que el menor había fallecido por un cilindro de gas lanzado por la policía estatal. Los manifestantes acusaron a la policía de usar balas de goma, mientras que las autoridades refutaron que no emplean ese tipo de armas.
La investigación de la CNDH sobre el enfrentamiento de Chalchihuapan derivó en 10 recomendaciones al gobierno estatal, entre las que destaca la solicitud de iniciar procedimientos de responsabilidad contra el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, y el titular de la Procuraduría de Justicia, Víctor Carrancá Bourget.
El gobierno de Puebla aceptó la totalidad de las recomendaciones, aunque hasta el momento no ha presentado avances en torno a las acciones solicitadas por el organismo defensor.
3. Policías balean a estudiantes 'sin justificación'
El pasado viernes 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, tomaron tres autobuses; ante esto, policías municipales de Iguala respondieron con un ataque armado que dejó seis personas muertas (entre ellos dos normalistas) y 28 heridas.
Las autoridades detuvieron a 22 elementos involucrados en la agresión —acusados de homicidio calificado—, el procurador general de Justicia de la entidad, Iñaky Blanco Cabrera, calificó como infundado el nivel de reacción de los elementos policiales.
“Es indudable que existió, creo yo, un uso excesivo de la fuerza. La respuesta de los elementos policiales no fue proporcional, por lo contrario, fue desmedida, no hubo justificación alguna para el uso de armas de fuego”, aseguró este lunes en conferencia.
Luego de la balacera, 57 normalistas desaparecieron; según las autoridades estatales, 14 estudiates ya volvieron a sus hogares y 43 jóvenes permanecen desaparecidos y no descartan que se trate de una "desaparición forzada".
Cientos de compañeros de las víctimas marcharon este lunes en Chilpancingo para exigir justicia, protesta que terminó en el Congreso estatal, donde rompieron vidrios, quemaron documentos y realizaron pintas.
Los 22 policías detenidos ya fueron puestos a disposición de un juez; mientras que las autoridades estatales continúan la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.
