La CNDH ve 15 ejecuciones en Tlatlaya y emite recomendación a autoridades
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, fueron privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de estar rendidas.
En una recomendación dada a conocer este martes, el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, se refiere a que "después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas", menciona el documento.
La CNDH identifica a las víctimas que estaban rendidas como V1, V2, V3, V4, V5, V10, V14, V15, V16, V17, V18 y V22.
Sobre las otras tres víctimas, V11, V12 y V13 "no es posible establecer si sus heridas responden a un intercambio de proyectiles disparados por arma de fuego o a una situación de privación ilegal de la vida, debido a que fueron movidos del lugar donde fueron heridos. Para este organismo nacional, el hecho de que hayan sido manipulados genera una presunción de que fueron privados ilegalmente de su vida", refiere el documento, que consta de 93 páginas.
Además, la CNDH aseguró que el día de los hechos en Tlatlaya, se alteró la escena del crimen con la intención, “muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”.
“En ese sentido, los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de telecomunicación”, añadió la Comisión.
Emite una recomendación
El organismo nacional pide, entre otras cosas, que se inicie una investigación a los siete militares involucrados, que sean juzgados por autoridades federales y se indemnice a los familiares de las víctimas.
Lee: La recomendación completa de la CNDH por el caso Tlatlaya
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben abstenerse de privar de la vida o atentar en contra de las personas rendidas, así como evitar alterar escenas de hechos violentos para no tergiversar la verdad histórica y jurídica de los mismos, solicitó la CNDH a las fuerzas federales.
La recomendación está dirigida a la Sedena, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
La Comisión también pide que se refuerce la capacitación que reciben los elementos de la Sedena con respecto al programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, y que el mismo se dirija tanto a mandos medios y superiores a como a los elementos de tropa.
La primera versión sobre los hechos del 30 de junio, ofrecida por la Sedena, indicó que una patrulla militar se había enfrentado a un grupo de la delincuencia organizada, por lo que murieron 22 personas en un tiroteo.
No obstante, una sobreviviente de esos hechos aseguró que los civiles se habían rendido y que fueron asesinados por los militares después de someterlos a un interrogatorio, según un reportaje publicado por la edición latinoamericana de la revista Esquire.
Tras la difusión de esta información, la Procuraduría General de Justicia Militar detuvo a militares que participaron en los hechos.
En tanto la PGR apuntó en un reporte posterior que en el tiroteo murieron 14 de los presuntos delincuentes y ocho resultaron heridos, los cuales fueron rematados con las mismas armas usadas por los civiles. De ahí que se acusara de "homicidio calificado" a tres militares y a uno más por "encubrimiento".
A la postre la CNDH iniciaría una averiguación sobre lo ocurrido, que derivó en la recomendación emitida este martes.
El documento le solicita al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
En particular, la CNDH se refiere a “aquellos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones u omisiones descritas en la presente recomendación”.
Con respecto al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el organismo nacional solicita que el funcionario federal colabore ampliamente en el trámite de la queja que este organismo público promueva ante Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos.
En septiembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades civiles de México investigar a los militares arrestados por su presunta participación en la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, así como protección para la testigo que los acusó de asesinato a sangre fría.
Este "podría ser un caso de ejecuciones sumarias", estimó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, mientras que su relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, dijo que el "gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias".