Rodrigo Archundia deja la SEIDO; tendrá otro cargo en la PGR
Rodrigo Archundia Barrientos dejó el cargo de titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para ocupar otro cargo en la Procuraduría General de la República (PGR), informó este jueves la dependencia a CNNMéxico.
Funcionarios de la PGR indicaron que se trata de "movimientos internos" previos a la próxima creación de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR, y en la cual Archundia Barrientos será "uno de los primeros fiscales regionales".
La SEIDO es la oficina federal que investiga los delitos relacionados con el narcotráfico y las actividades de los grupos delictivos en México.
Archundia Barrientos estuvo a cargo de la SEIDO desde noviembre de 2012, en la administración federal pasada. Previamente había sido fiscal en varios casos de la PGR, así como encargado de la oficina contra secuestros.
Su renuncia llega en un momento en el que la SEIDO investiga al menos dos casos de alto perfil: la violencia en el municipio de Iguala, Guerrero, que llevó a la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes; y la muerte de 22 personas en Tlatlaya, con la acusación de "homicidio calificado" a militares.
El procurador Jesús Murillo Karam presentó este miércoles un informe de las investigaciones en el caso de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. En el caso está presuntamente involucrada la delincuencia del grupo Guerreros Unidos, lo que compete a una investigación de la SEIDO.
Murillo Karam también relacionó al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a la esposa de éste, María de los Ángeles Pineda Villa, en el caso de la desaparición de los jóvenes y la muerte de seis personas, un caso ocurrido hace casi un mes.
Las investigaciones sobre Tlalaya , localidad del Estado de México, también involucran a la SEIDO ya que los fallecidos eran presuntos criminales de una banda de secuestradores que se confrontaron con el Ejército. La PGR sospecha que militares ejecutaron a presuntos delincuentes fallecidos.
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Además de las manifestaciones masivas que exigen resultados a la PGR y otras dependencias por el caso de Ayotzinapa, organismos de derechos humanos, activistas y académicos han apuntado a la falta de resultados del gobierno federal en la investigación del paradero de los desaparecidos y los responsables.
Respecto a Tlatlaya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe en el que, además de indicar que 15 personas habrían sido ejecutadas por los militares, recomienda a la PGR ampliar su trabajo de investigación.