En suspenso, el diálogo en el 'Poli' por los detenidos del #1DicMx
El diálogo entre alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el gobierno federal quedó en suspenso la tarde de este martes, luego de que estudiantes reclamaron por la detención de tres personas en las protestas del #1DicMx, entre las que hay un alumno de la institución, Ariel Flores Pérez.
Al inicio de la reunión en Zacatenco, la delegación estudiantil exigió a las autoridades federales la liberación inmediata de los detenidos durante los disturbios registrados tras la marcha de este lunes en la Ciudad de México, en la cual hubo expresiones de rechazo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y se exigió justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre e Iguala, Guerrero.
"No nos han tocado a tres, nos han tocado a todos", dijo Pedro Cruz, uno de los representantes del alumnado, que por la mañana realizó una protesta en la delegación Gustavo A. Madero, al norte de la capital mexicana, y por la noche bloqueó la avenida Insurgentes.
En respuesta, el bloque gubernamental argumentó que la situación de los arrestados de este lunes 1 de diciembre es un tema que no les corresponde, sino a las instancias de justicia capitalinas, y tras algunos minutos de reclamos, ambas partes se levantaron de la mesa sin que se fijara una hora para volver a encontrarse.
"Ante la evidente intransigencia de los representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP), al condicionar la continuación del diálogo a la liberación en ese momento de tres estudiantes detenidos el lunes 1 de diciembre, la representación gubernamental solicitó un receso y se retiró de la mesa de diálogo", señaló posteriormente la Secrtearía de Educación Pública (SEP) en un comunicado.
La SEP, de la que depende el IPN, indicó que los estudiantes rompieron las reglas acordadas de no hacer pronunciamientos políticos contrarios a la civilidad del diálogo, y dijo que la comisión gubernamental consideró que los representantes de la AGP se han apartado de las condiciones de orden.
El diálogo entre ambas delegaciones comenzó a principios de noviembre, con el fin de resolver el conflicto y el paro de labores que vive el IPN desde finales de septiembre, por el descontento estudiantil con reformas al reglamento interno y a los planes y programas de estudio que impulsaba la entonces directora, Yoloxóchitl Bustamante, quien renunció al cargo el pasado 3 de octubre.
Los tres delitos de los que se les acusa
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó este martes que las tres personas detenidas por la policía capitalina el lunes son acusadas de ataques a la paz pública, portación de objetos aptos para agredir y ultrajes a la autoridad, y que en las próximas horas el agente del Ministerio Público determinará su situación jurídica.
De los tres delitos, el de ataques a la paz pública es considerado grave, según el artículo 286 inciso "m" del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. La pena de prisión por esta infracción, prevista en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, es de dos a siete años.
Los delitos de ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir no son graves.
La autoridad cuenta con 48 horas para determinar la situación jurídica de los inculpados, plazo que se cumple la tarde noche de este miércoles, y puede confirmar o descartar procesar a los detenidos por cada uno de estos delitos.
Además de Flores Pérez —estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 9 del IPN—, la PGJDF recaba la declaración de Demián Reyes Lara —alumno de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)—, y de Óscar Espinosa Triguero —del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente—, señalados por los destrozos a comercios ubicados en la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc. Los tres estudiantes tienen 18 años de edad.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades capitalinas, los tres detenidos presuntamente participaron en los daños causados en al menos siete sucursales bancarias y cuatro establecimientos mercantiles de la llamada Zona Rosa.
Los hechos ocurrieron al concluir la marcha que partió del Zócalo capitalino al Ángel de la Independencia, la cual fue monitoreada por el gabinete de seguridad del gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Por instrucciones del jefe de gobierno, los titulares de la procuraduría, Rodolfo Ríos Garza, y el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, recaban información para ubicar a más personas supuestamente involucradas en los hechos.
Con información de Surya Palacios, José Roberto Cisneros, Mauricio Torres y Notimex.
