CNDH documenta tratos crueles, inhumanos y degradantes en reformatorios
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó al Senado de la República maltratos en los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, los cuales dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal.
El documento refiere que, durante febrero y marzo de 2014, personal de la CNDH, con el apoyo de trabajadores de los organismos públicos protectores de derechos humanos de diversos estados, visitó y supervisó 56 centros de este tipo en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
El informe de la CNDH refiere que el trato que reciben los menores recluidos, contraviene diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Entre las irregularidades se encuentran: tratos crueles, inhumanos y degradantes; deficiencia de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas para actividades; desigualdad de las áreas y personal especializado.
Además, deficiencias en la alimentación; sobrepoblación y hacinamiento; inapropiada separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, insuficiente difusión de reglamentos y, en algunos casos, la inexistencia de reglamentos y de manuales de procedimientos.
Asimismo, se detectaron irregularidades en la prestación del servicio médico; ausencia de programas contra las adicciones y desintoxicación; falta de capacitación del personal de los centros de tratamiento interno y deficiencias en su supervisión, presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos y obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias.
Además, falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física, y falta de apoyo de intérpretes para quienes pertenecen a comunidades indígenas y no hablan el idioma español.
Los jóvenes en los centros de tratamiento interno en Berriozábal, Chiapas; femenil en Villahermosa, Tabasco; y en Alto Lucero, Veracruz, denunciaron maltrato físico y psicológico por parte de servidores públicos, tales como golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lapsos prolongados.
De igual forma, se detectó utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa, en celdas insalubres, sin servicios sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos.
En cinco centros de tratamiento interno en Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal y Sonora, la población interna rebasa la capacidad, mientras que en cuatro establecimientos en las entidades de Durango, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas, se hallaron condiciones de hacinamiento debido a una mala distribución.
Lo anterior provoca que varios adolescentes compartan cama o duerman en el piso.
Recomendaciones
Ante estos hechos, la CNDH hizo recomendaciones a los gobernadores y al jefe de Gobierno del DF para resolver los problemas que presentan las estancias estatales donde se encuentran los jóvenes que infringieron leyes penales.
Entre ellas se encuentran: girar instrucciones precisas a las autoridades encargadas de los centros para evitar toda clase de abusos y maltrato físico y psicológico, así como para que la fuerza y los instrumentos de coerción únicamente sean utilizados en casos excepcionales, siempre y cuando se hayan agotado los medios pacíficos de control y de acuerdo a la forma expresamente autorizada por un ordenamiento legal.
Particularmente, se debe erradicar cualquier acto relacionado con golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas, el uso de esposas por lapsos prolongados, así como la utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, el despojo de la ropa y encierro en celdas insalubres sin servicios sanitarios ni ventilación.
Lo anterior, sin menoscabo de las medidas de seguridad que deben prevalecer para garantizar la seguridad de los establecimientos y evitar situaciones de riesgo para la integridad de los adolescentes, el personal que ahí labora y los visitantes, especifica el informe.
Dicho documento fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para su análisis.
