PAN rechaza artículo de Transparencia que exenta a la 62 Legislatura
Con el fin de transparentar los recursos de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso de la Unión antes de que concluya la actual legislatura, diputados panistas pidieron derogar un artículo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
El artículo decimotercero transitorio de esta ley exenta a la LXII legislatura, que termina sus funciones en agosto, de lo dispuesto en los artículos 70 y 72, que señala al Congreso como sujeto obligado a dar detalles sobre las contrataciones en todas sus áreas.
La Ley de Transparencia también obliga al Congreso a presentar un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.
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Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunciaron porque esta "legislatura histórica" continúe sentando importantes precedentes, ahora en la rendición de cuentas.
Los grupos parlamentarios son destinatarios de grande sumas de recursos públicos, mismos que, de acuerdo con los más recientes informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), no comprueban la razonabilidad de su gasto “dado al escaso acceso a la información”, señalaron los legisladores.
"Si la Ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública y transparentar las decisiones, costos y recursos de todos los sujetos obligados a partir de su entrada en vigor, no tiene por qué ser diferente para el Poder Legislativo Federal", explicaron.
A través de una iniciativa con proyecto de decreto, los legisladores del PAN recordaron que los recursos ejercidos por los grupos parlamentarios se han incrementado anualmente, en promedio, 27.7% en el Senado y 35.4% en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, dijeron que la ASF en su informe acusó que la opacidad con la que se ejercieron dichos recursos no permite evaluar la razonabilidad del gasto ni comprobar si los recursos se utilizaron para, en efecto, llevar a cabo labores de carácter legislativo.
Insistieron en que el transitorio decimotercero señala que para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas que refiere la nueva Ley, cada Cámara del Congreso aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un "programa de reorganización administrativa" que debería aplicarse en el momento mismo de la entrada en vigor de la Ley.
