Tribunal Federal niega la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo
Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no podrá continuar su proceso penal en prisión domiciliaria y permanecerá recluída, así lo determinó este miércoles el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal.
El Tribunal desechó el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, a pesar de que la procesada cumple con los requisitos de edad indicados en la ley, más de 70 años; la autoridad resolvió que el requerimiento del abogado es procedente pero infundado, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en un comunicado.
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El CJF agregó que Gordillo se encuentra en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, específicamente en el Hospital General Torre Médica Tepepan, donde ha recibido atención médica en todo momento y no se viola su derecho a la salud.
"Por lo tanto, se consideraron infundados los agravios de la defensa que para conceder la prisión preventiva domiciliaria sólo se exige la edad de 70 años; e inatendibles los restantes argumentos", establece el documento.
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El defensor de Gordillo había argumentado que la exlideresa del SNTE padece hipertensión, problemas renales —solo tiene un riñón porque donó el otro a su primer esposo—, antecedentes de hepatitis C y un quiste en el páncreas.
Esta es la segunda vez que se le niega la prisión domiciliar a Gordillo. En agosto pasado, el juez Alejandro Caballero rechazó el recurso interpuesto debido a que no se presentaron pruebas periciales para acreditar que la maestra no se fugaría del país, ya que la acusada tiene residencia en el extranjero y no en la Ciudad de México.
La determinación del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal será la última que se tome en el caso, aunque la defensa de Gordillo podría interponer un amparo. La fiscalía ya no estaría en condiciones de hacerlo.
Gordillo fue detenida en febrero de 2013 en Toluca, acusada de cometer los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos que están calificados como graves por la ley.