El SAT investiga a 21 funcionarios de Borge por los despojos en #QRoo
Al menos 21 funcionarios de los 78 presuntos implicados en el despojo de bienes en Quintana Roo están siendo investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el portal de noticias Animal Político.
En julio pasado, una investigación de Expansión y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que por medio de una maquinaria institucional, auspiciada por el gobernador Roberto Borge, se arrebata de su patrimonio a empresas, particulares y ejidatarios en la entidad.
A través de juicios laborales a modo, mecanismos en los que no se da a los acusados derecho de audiencia, con el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias, así como con violaciones al debido proceso, servidores públicos se apropian de casas, terrenos y edificios para quedárselos o venderlos a la mitad de su valor.
null“De las 78 personas físicas que a la fecha se ha identificado su participación en la denuncia pública, 21 de ellas se desempeñaban como funcionarios públicos cuando ocurrieron los hechos”, confirmó el Servicio de Administración Tributaria a Animal Político en respuesta a un cuestionario que le hizo el medio para saber si habían iniciado una investgiación al respecto.
Entre los implicados se encuentran Carlos Lima, exdirector del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo y ahora magistrado del Poder Judicial del estado; Patricio de la Peña, exsecretario del Trabajo, y Enrique de la Cruz Pinead, exsubsecretario del Trabajo en la zona norte.
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nullCon base a la información, el SAT identificó al menos cuatro tipo de operaciones: la transmisión de propiedad inmobiliaria por adjudicación judicial y adquisición de bienes, la indemnización por separación o terminación de la relación laboral, pago de sueldos y salarios a empleados que acreditan relación laboral en los juicios —que obliga el pago de retenciones del ISR y demás obligaciones en materia de seguridad social— y obtención de flujos financieros por el congelamiento, así como el retiro de recursos en cuentas bancarias, que pudieron tener repercusiones fiscales.
Al respecto, el organismo “inició el análisis de la información publicada y se están haciendo confrontas con la información con que se cuenta en las bases de datos institucionales a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a que hubiera lugar por ciertas operaciones denunciadas”.
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