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Senadores exigen evitar la fuga de la esposa de Duarte y otros allegados

Legisladores de oposición dicen que no basta con la detención del exgobernador de Veracruz, por lo que demandan que se amplíen las investigaciones para abarcar a su pareja y prestanombres.
mar 18 abril 2017 11:46 AM
La esposa de Duarte bajo la mira
La esposa de Duarte, bajo la mira Para integrantes de la oposición, es necesario que el gobierno federal dicte medidas cautelares para evitar la evasión de Karime Macías. (Foto: JUAN PABLO ZAMORA)

Senadores del PAN y del PRD exigen a la Procuraduría General de la República (PGR) dictar medidas cautelares en contra de Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, así como de otras personas de su círculo cercano, con la finalidad de evitar que evadan las investigaciones dirigidas hacia la red de corrupción atribuida al exgobernador de Veracruz.

En proposiciones de puntos de acuerdo presentadas al pleno del Senado, los legisladores de oposición argumentan que esto es necesario para evitar que Macías y otros allegados de Duarte se sustraigan de la acción de la justicia. También, demandan que la PGR considere todos los expedientes que pesan sobre Duarte, quien fue detenido el sábado en Guatemala y enfrenta un proceso de extradición que puede tardar hasta un año.

Ve: Detenciones de Duarte y Yarrington son mensaje firme contra impunidad: Peña

De acuerdo con funcionarios de la PGR, la esposa del exgobernador no encara una orden de extradición ni ninguna otra situación que la obligue a enfrentar a la justicia mexicana. Esto, a pesar de que en febrero pasado el actual gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, encontró una bodega en la que había diarios en los que Macías supuestamente anotaba los movimientos realizados en las cuentas bancarias de su familia, así como sus propiedades en México y en el extranjero.

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Frente a esto, políticos de oposición han solicitado que se amplíen las investigaciones federales para abarcar a todos los familiares y testaferros que pudieran estar implicados en los delitos atribuidos al exmandatario veracruzano.

El gobernador Yunes Linares dijo tras el arresto de Duarte que sus movimientos no fueron obra únicamente de él, sino de una red de parientes y amigos empresarios que lo respaldaron. Entre los señalados por Yunes como posibles prestanombres están Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Miguel Velázquez y Moisés Mansur Cysneiros.

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En su proposición de punto de acuerdo, los senadores del PAN advierten que la gubernatura de Duarte (2010-2016) a se vio envuelta en "una serie de irregularidades que llevaron al estado de Veracruz a una posición crítica en materia de inseguridad y corrupción".

Por su parte, en el documento presentado la senadora Dolores Padierna, coordinadora del PRD en la Cámara alta, se exige a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la PGR que realicen las acciones necesarias para incluir en la solicitud de extradición dirigida al gobierno de Guatemala la lista de todos los delitos de los que es señalado Duarte.

En su consideración, las acusaciones que actualmente pesan sobre Duarte son importantes, pero resultan limitadas e incluso se podría decir que lo que “hoy tiene la PGR en su contra se trata tan sólo de una miniacusación ”.

“Quizá por eso Javier Duarte incluso al momento de ser esposado y detenido seguía sonriendo y burlándose, pues sabe que con la 'miniacusación' en su contra y con la limitación de no poderle juzgar por otro delito distinto a menos que Guatemala como país soberano así lo aceptara, Duarte será sujeto a un proceso penal y mediático más simbólico que efectivo”, advierte la perredista en su página web.

Duarte, un político ya expulsado del PRI, tiene una orden de aprehensión derivada de una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por posibles actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados a desvíos de recursos federales durante su administración.

Sin embargo, la perredista expone en su documento que durante la gestión de Duarte también ocurrieron al menos 19 asesinatos contra periodistas, fueron encontradas —sólo en 2015— 13 fosas clandestinas y, entre 2012 y 2015, 186 policías municipales y estatales fueron puestos a disposición de las autoridades por posibles vínculos con grupos delictivos.

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