El cuestionado combate militar al narco se discute este jueves
Los militares y su cuestionada tarea en el combate al narcotráfico en México se discuten este jueves en el Congreso, que podría aprobar una ley que regule su participación en tareas de policías civiles, pese al enérgico rechazo de organizaciones de derechos humanos.
Sus críticos advierten que la ley no contempla el prometido fortalecimiento de las policías, mientras que la actuación de los militares n o garantiza el respeto de los derechos humanos de la población expuesta a la violencia.
El investigador Sergio Aguayo, del Colegio de México, comenta a la AFP que el proyecto de ley "no habla de las policías", es "profundamente imperfecta, opaca y conlleva riesgos".
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"Urgía una ley que regulara la intervención del Ejército en la vida pública porque ellos son los que llevan la carga del combate contra el crimen organizado; las policías están desmanteladas, corrompidas o penetradas por el crimen organizado", añadió.
Hace poco más de una década el gobierno desplegó a miles de soldados por las ciudades más violentas de México, medida de excepción no especificada en la ley, bajo el argumento de que las policías locales sufrían un alto grado de corrupción o simplemente eran superadas por criminales.
Pero el índice de homicidios de México, que antes del operativo militar estaba en niveles históricamente bajos, se disparó desde entonces, alcanzando máximos en 2010 y 2011, sostuvo el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Jan Jarab.
"Parece que 2017 va a superar este doloroso récord", estima Jarab, para quien "el uso del paradigma militar no fue exitoso".
El Alto Comisionado, el ombudsman mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han llamado al Legislativo a no aprobar la ley tal como está planteada.
De enero a octubre se registraron 20,878 homicidios, contra las 20,547 víctimas mortales de todo 2016, según datos de la Secretaría de Gobernación, cuyo registro se realiza desde 1997.
Con 2,371 casos, octubre se convirtió en el mes con más homicidios en dos décadas, según la estadística. Se espera que 2017 sea el año más violento.
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Mayor certidumbre a la sociedad
El punto que más rechazo ha provocado entre organismos como Amnistía Internacional y el Centro Prodh es el que otorgaría prórrogas indefinidas al despliegue del Ejército y la Marina Armada.
De aprobarse la llamada Ley de Seguridad Interior se dará "un paso irreversible hacia la perpetuación del modelo de seguridad militarizado" y "sin fortalecer a las policías", advierte a la AFP Santiago Aguirre, subdirector del organismo de derechos humanos Centro Prodh.
En defensa de la ley, el presidente Enrique Peña Nieto ha señalado que brindará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana.
Gobernadores estatales apoyan sin embargo la propuesta de Peña Nieto.
México "es el tercer país mayor productor de amapola y Guerrero produce la mitad" y "los 4,000 policías del estado no son suficientes", reclama Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, el más violento del país.
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Vacío legal
La Constitución establece que los militares actuarán si México entra en guerra, si bien previo al operativo antidrogas ya se encargaban de la destrucción de plantíos de drogas y de tareas de auxilio a la población, tareas que siguen desempeñando.
El entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien militarizó la estrategia contra las drogas, declaró "la guerra contra el narcotráfico" pero esa orden nunca fue ratificada como tal por el Congreso.
Unos 80,000 militares están desplegados en México, golpeado por una ola de violencia que deja en 11 años más de 196,000 muertos y 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no precisan cuantos casos están relacionados con la criminalidad.
Unos de los casos más graves de violaciones de derechos perpetrados por el Ejército ocurrió el 30 de junio de 2014, cuando un enfrentamiento dejó un saldo de 22 muertos, todos presuntos delincuentes, y tan solo un militar herido.
El ombudsman concluyó que al menos 15 de esos 22 fueron ejecutados extrajudicialmente.
Se espera que este jueves el proyecto de ley sea votado en el Senado con modificaciones, por lo que tendría que regresar a Cámara de Diputados para una nueva votación y así concluir el proceso legislativo.
Después sería promulgada por Peña Nieto y se anticipa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente una controversia de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.
Organizaciones sociales han advertido que realizarán movilizaciones en el exterior del Senado. Tres horas antes de la sesión sólo había un puñado de manifestantes.
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