La Corte admite para su estudio controversia vs Ley de Seguridad Interior

Con la admisión a trámite se inicia una etapa donde se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada por la alcaldía de Cholula, Puebla.
Argumento  La alcaldía de Cholula afirma que la ley, que establece el despliegue de militares en casos de amenaza a la seguridad por tiempo indefinido, violenta de manera flagrante su autonomía.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (AFP) -

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una controversia constitucional presentada por la alcaldía de Cholula, Puebla, contra la Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre pasado y que sus críticos acusasn de que conduce a la militarización del país.

El máximo tribunal informó este lunes que la controversia, presentada la semana pasada, fue admitida para su estudio y se notificará de la misma al Congreso, que la voto, y al Ejecutivo, que la promulgó.

En un plazo de 30 días, el Ejecutivo y el Legislativo deberán rendir "los informes correspondientes y manifiesten lo que a su interés convenga", señala en una nota de prensa la Suprema Corte.

"Con la admisión a trámite se abre la etapa de instrucción del juicio, en el que se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada, que entró en vigor mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2017", añade.

La controversia contra esta ley, votada por el Partido del Revolucionario Institucional (PRI) en medio de reclamos de organizaciones civiles y de organismos internacionales, fue presentada por la alcaldía de Cholula.

La alcaldía señala que dicha ley, que establece el despliegue de militares en casos de amenaza a la seguridad por tiempo indefinido, "violenta de manera flagrante su autonomía".

Entre los críticos de la ley están el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que prepara otra controversia constitucional ante la Suprema Corte.

Al promulgar la ley, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas.

El operativo se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado cerca de 100,000 muertes violentas, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

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