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La CIDH discutirá por primera vez caso de desaparición forzada de México

Este caso de desaparición forzada fue el primero que tuvo lugar en el marco de la guerra contra el narcotráfico que comenzó el expresidente Felipe Calderón en 2007.
Desaparición forzada por militares
Desaparición forzada por militares Se espera que la CIDH se pronuncie este viernes sobre el caso ocurrido en diciembre de 2009.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá por primera vez un caso de desaparición forzada en México cometido por militares en un suceso ocurrido en 2009, dos años después de iniciada la llamada guerra contra el narcotráfico.

El caso se empezará a debatir este jueves y se espera que la Corte, con sede en Costa Rica, haga un pronunciamiento este viernes, de acuerdo con lo programado en la audiencia pública con los familiares de las tres víctimas: Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera.

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De acuerdo con un comunicado de la CIDH del 22 de noviembre de 2016, este caso, ocurrido el 29 de diciembre de 2009, es el primero de desaparición forzada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, iniciada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2007.

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La Comisión determinó que José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene, fueron privados de su libertad por parte de militares, con base en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información en cuanto a que las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, entre otros elementos; además de múltiples informes de diversos organismos que consideraron que existen indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército.

Asimismo, cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento. Con base en lo anterior, la comisión calificó los hechos como desaparición forzada.

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Paola Alvarado, hija de Nitza Alvarado Espinoza, narró que en diciembre de 2009 un comando de al menos 10 militares sacó a su madre por la fuerza de un domicilio en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua.

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"Las últimas palabras que recuerdo de mi mamá fueron 'ahorita regreso' pero ya no volvió", contó Paola, de 22 años. "La seguimos buscando".

En la investigación, fueron señalados como responsables integrantes del 35 Batallón del Ejército del estado.

La guerra contra el narcotráfico ha dejado en México decenas de miles de homicidios y desaparecidos, así como abusos de los derechos humanos perpetrados por fuerzas de seguridad, incluyendo militares.

En el país más de 35,000 personas han sido reportadas como desaparecidas. Algunas aparecen muertas en fosas clandestinas, con huellas de tortura, desmembradas o disueltas en ácido.

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Pese a las críticas de organismos internacionales por los resultados de la estrategia de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto mantuvo al Ejército en las calles, en un país donde el desprestigio de las policías, sobre todo de los mandos locales, ha ido en aumento.

Con la colaboración de decenas de miles de militares, marinos y otras policías, se lograron importantes detenciones de capos. Sin embargo, los grupos delictivos se fragmentaron e incursionaron en otros delitos por lo que la violencia ha seguido en aumento, dejando casi 30,000 muertos el año pasado.

La CIDH mañana escuchará los alegatos finales de las partes relacionadas con el caso. Las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.

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Cabe señlar que, las resoluciones de la CIDH son de acatamiento obligatorio para los países miembros.

Familiares piden justicia

Los familiares de las tres víctimas pidieron este jueves justicia, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Costa Rica.

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"Pido que este caso no quede impune. Ha sido una lucha de ocho años, quiero que sean castigados los responsables, porque hasta el momento el gobierno sigue protegiendo a los que hicieron esto", afirmó a los jueces, entre lágrimas, María Jesús Alvarado Espinoza, hermana de una de las desaparecidas.

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"A mi hermana la sacan de la camioneta del cabello y como Ángel se resiste le empiezan a pegar, según lo que vio una testigo (...) Después de eso hemos sido hostigados, amenazados y hemos tenido que cambiar de hogar varias veces", explicó María Jesús Alvarado, quien añadió que posteriormente pidieron asilo político en Estados Unidos.

Jaime Alvarado Herrera, hermano de José Ángel Alvarado, recordó que, "en esa época los militares levantaban a mucha gente en el pueblo, los torturaban y después los soltaban y yo tenía la esperanza de que nos los fueran a entregar. Yo le pido a la Corte que por favor se ponga en los zapatos de nosotros, lo que hemos sufrido”.

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La perito propuesta por los representantes de México, Mariana Colín Ayala, explicó que según las determinaciones del caso "no hay indicios para determinar que elementos del Estado participaran en la desaparición forzada".

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Por su parte, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Erasmo Lara Cabrera, indicó a Acan-Efe que este hecho se basa en un contexto con fuerte presencia de la delincuencia organizada en el norte del país, fronterizo con Estados Unidos, al que calificó como "el primer mercado de drogas del mundo".

"Puedo decir que no está comprobado, no está fehacientemente establecido que hubiera sido algún agente estatal que hubiera sido responsable de la desaparición de estas tres personas, por ese contexto de delincuencia organizada en la zona", expresó Lara.

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Con información de Reuters y EFE

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