Tabacaleras a la baja, cuestión de salud

Una firma que vale más de 4,000 millones de pesos (mdp) anuales. Fue la que hizo Eduardo Jaramillo, director ejecutivo de Operación Internacional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Bangkok, Tailandia, en julio pasado. Eso es lo que se estima que pierda la industria tabacalera en México, luego de que el gobierno se adhirió a la lucha del control contra el tabaco promovida por la Organización Mundial de la Salud.

Fue durante la segunda reunión de los 146 países que firmaron ese Convenio Marco (que data de 2003) y en el que las autoridades mexicanas no sólo ratificaron su participación en ello, sino que aseguraron suspender de forma definitiva el convenio con la industria que signó el funcionario de la SSA, Ernesto Enríquez Rubio, durante el sexenio de Vicente Fox.

Las acciones que implemente en los próximos meses el gobierno federal implicará pérdidas de hasta 22% anualmente para Philip Morris (PM) México-Cigatam y British American Tobacco (BAT), las dos grandes empresas que controlan 99.5% del mercado nacional. Se espera que estas iniciativas mejoren drásticamente las estadísticas locales.

México es el segundo país en América Latina con mayor número de fumadores, después de Brasil. Casi 80% de la población está expuesta al humo de cigarro que emana de la boca de 16 millones de mexicanos que lo consumen frecuentemente (8% de ellos son adictos).

El tabaquismo en general (pasivo o activo) es responsable de 25 enfermedades crónicas provocadas por algunas de las 4,200 sustancias químicas que contiene el humo del tabaco, según Justino Regalado, jefe del departamento de investigación en tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

 “La atención a padecimientos asociados al tabaquismo genera un gasto al sector superior a los 30,000 millones de pesos”, dice el secretario de Salud José Ángel Córdova.

Por estas razones es considerado un problema de salud pública. Sin embargo, hasta ahora no se habían desarrollado medidas a tono con el problema. “Las políticas restrictivas para la industria habían sido muy tibias”, sostiene el especialista de la SSA. Y junto con Trinidad y Tobago y Sri Lanka, México figuraba entre los países que no cumplían con el Convenio Marco que establecía desde 2005 la prohibición de fumar en lugares públicos, como oficinas públicas, bares, restaurantes y hoteles, y aplicar un aumento de 300% en el impuesto al tabaco.

Antes de 1999, las tabacaleras podían publicitarse en radio y televisión después de las 22 horas y a tan sólo 100 metros de distancia de escuelas. Ahora, la prohibición de publicidad en medios electrónicos es total, pero pueden realizar muestreo y eventos promocionales para adultos y pagar anuncios en revistas cuyos lectores adultos comprobados superen 75%, entre otros permisos.

Con esto les quedaba margen suficiente para poder comercializar sus productos con facilidad. BAT, por ejemplo, reporta un volumen de ventas anuales de 46,300 millones de cigarros y paga 15,600 mdp en IEPS.

Cuenta regresiva

A partir de agosto de este año, las autoridades deberán legislar por lo menos cinco medidas que representan una amenaza para Philip Morris México –firma con la que Carlos Slim estaba asociada al 50.01% pero en julio vendió 30%– y para la inglesa British American Tobacco.

El Banco Mundial estima que el impacto económico será de 20%. “Dudo que la industria se quede cruzada de brazos. El reto será vigilar que se cumplan los acuerdos. La industria tiene muchas formas de cabildear con los legisladores y sacar beneficios, una de ellas es a través de los viajes”, explica Jesús Felipe González, miembro de la delegación mexicana que viajó a Bangkok y que dirige la Red México sin Tabaco.

“La presentación de México en la reunión de las partes era esperada en virtud de las repercusiones y alcances que tiene su postura, sobre todo para la región de Latinoamérica. Y más aún por los antecedentes negativos que venía arrastrando en la materia”, comenta González.

El primer golpe que soltará el gobierno de Calderón pretende llegar a la conciencia social. Antes del 27 de agosto de 2007, se obligará a las empresas a colocar advertencias sanitarias en ambas caras de la cajetilla que abarquen 50% de la superficie e, incluso, se analiza la posibilidad de estampar pictogramas de alto impacto que muestren imágenes de los daños causados por el tabaco, como ya se hizo en España, Canadá y Brasil. Hasta la fecha, se permite imprimir las leyendas precautorias con tipografía y color similares a los utilizados por la compañía. Con esta medida se pretende reducir 4% las ventas de cigarros.

Otra medida es la instrumentación inmediata de ambientes laborales libres de humo. Esto incluye la prohibición de fumar en restaurantes y en sitios de esparcimiento. Suiza, Venezuela, Argentina y algunas ciudades de Estados Unidos (aunque este país, junto con Rusia e Indonesia, no es miembro del Convenio Marco de la OMS) son algunas de las naciones que ya han aplicado estas medidas. Con ello, se espera desalentar el consumo de 4 a 6%.

“La división que se hace en los restaurantes de fumadores y no fumadores realmente no es útil ni para los clientes ni para los trabajadores. Una mesera de Vips, por ejemplo, tiene que inhalar el humo aunque no sea fumadora y esto también le causa serios daños a su salud”, comenta Jesús González. Según el dirigente de la Red México sin Tabaco, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en un bar de Cuernavaca, Morelos, reveló que los no fumadores, al salir del sitio, traían nicotina equivalente a una cajetilla de cigarro.

La prohibición total de la publicidad será el siguiente paso a seguir en los próximos tres años. Ni BAT ni PM México podrán hacer uso de medios de comunicación, de acuerdo con lo pactado con la OMS. Eso implicará para la industria dejar de invertir de 9 a 11,000 millones de dólares (mdd) por ese concepto. Se prevé que sólo esta medida reduzca las ventas entre 6 y 8%. Esto podría seguir impactando las finanzas de las tabacaleras si lo debatido en julio durante la conferencia de la OMS cobra cuerpo (una de las iniciativas fue el diseño de leyes internacionales contra la publicidad transfonteriza de tabaco).

Por si lo anterior fuera poco, también habrá un combate al ‘contrabando’ lícito (tal como llama el sector a la venta legal de cigarros sin impuestos) e ilícito. Dicha medida podría beneficiar a la industria, ya que deja de recibir más de 25,000 mdd al año, pero perjudicaría al contrabando lícito. Una de las iniciativas es retirar el cigarro libre de impuesto y aranceles de los 47 duty free que operan en México, o bien gravarlos para desalentar el consumo.

Aunado a todo esto, también se propondrán nuevos incrementos en impuestos. En 2003, investigadores de la Universidad de California (San Francisco) estimaron que la industria aumenta un promedio de 150% el precio a la cajetilla con cada incremento de impuestos. Según Justino Regalado, dicha medida es la más eficaz para desalentar el consumo de tabaco, principalmente en jóvenes que no pueden costear sus cigarros. “Lo mejor que podemos hacer es seguir al pie de la letra los lineamientos del Convenio Marco, pero no tibiamente como se ha venido haciendo en el país, se requiere de verdadera voluntad política”, asegura.

Por parte del gobierno federal, la Cofepris vigilará su cumplimiento; a la OMS la apoyarán de manera voluntaria organizaciones no gubernamentales, como Alianza contra el Tabaco, la Fundación Interamericana del Corazón, Action on Smoking and Health y Framework Convention Alliance for Tobacco Control, entre otras.

Creer de nuevo

Pareciera que la actual administración intenta limpiar el cenicero y la imagen que dejaron los funcionarios de la SSA, Ernesto Enríquez (actual secretario de Finanzas del PRI), el titular del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) Cristóbal Ruiz Gaytán, y el ex secretario de Salud Julio Frenk Mora. Ellos signaron un convenio el 18 de junio de 2004 con las dos grandes tabacaleras, BAT y PM México, y de esa forma anularon los efectos de lo que se había realizado casi un año atrás.

El 12 de agosto de 2003, el entonces presidente Vicente Fox firmó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el que fue aprobado por el Senado el 14 de abril de 2004.

Los directivos de la dependencia acordaron con las tabacaleras recibir aportaciones por 4,000 mdp, a partir del 1 de agosto de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006, para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, a cambio de beneficios fiscales. El acuerdo consistía en ‘donar’, de manera gradual, 1 peso por cada cajetilla vendida.

La Auditoría Superior de la Federación informó a la Cámara de Diputados que la dependencia a cargo de Julio Frenk recibió 1,439 mdp por parte de las tabacaleras entre agosto de 2004 y diciembre de 2005. La Auditoría aún espera respuesta a la solicitud que realizó sobre el destino de esos fondos.

Esta aportación impidió a los diputados incrementar los impuestos a las empresas del sector, en parte porque el propio acuerdo suspendía la aportación en caso de una modificación en la política tributaria. Para Frenk, la defensa de esta iniciativa tuvo su costo político y le restó puntos a la hora de competir por la dirección general de la OMS durante el año pasado. Ahora, otros son los que dirigen la silla del organismo mundial y la política mexicana de salud, y pareciera que ahora sí las tabacaleras perderán privilegios.