Venezuela venderá unidad de Stanford
El gobierno venezolano culminará en 15 días la venta de Stanford Bank, al que intervino la semana pasada en medio de la incertidumbre por la acusación de fraude contra su propietario, el magnate texano Allen Stanford, dijo el miércoles el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez. Por otra parte, el funcionario dijo que difícilmente el Gobierno del presidente Hugo Chávez podría responder por los fondos que inversionistas locales confiaron a Stanford en operaciones en el exterior.
La estatal Superintendencia de Bancos intervino la entidad bancaria local, que funcionaba con autonomía, luego de que sufriera una oleada de retiros por temores de los depositantes, y el gobierno prometió una pronta subasta.
"Esperamos que no pasen más de 15 días. La instrucción que tiene la junta interventora es actuar con toda celeridad y hemos trabajado en turnos sucesivos sin cesar", dijo Alí Rodríguez en una entrevista de televisión.
La autoridad agregó que algunos inversionistas han expresado interés en comprar el banco, pero hay que esperar que la junta interventora culmine los balances para establecer su valor.
El ministro aseguró que las autoridades locales están dispuestas a ayudar a las personas que no puedan cubrir los gastos técnicos o jurídicos para intentar recuperar su dinero invertido en operaciones internacionales con Stanford, pero que el Estado venezolano no puede responsabilizarse por ellas.
"Difícilmente podemos responder por las colocaciones que se hicieron en bancos que se rigen por otras políticas y por otras leyes", agregó Rodríguez.
Las autoridades han estimado que inversionistas venezolanos tienen entre 2,300 millones y 3,000 millones de dólares colocados en el Stanford International Bank, en Antigua, un punto clave del imperio financiero del millonario Stanford.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Stanford, a tres de sus empresas y a otros dos ejecutivos del grupo, de la venta fraudulenta de 8,000 millones de dólares en certificados de depósitos, un supuesto montaje que tiene en vilo a inversionistas de gran parte de América Latina.
