Gruma se deslinda de socio venezolano
Gruma, la productora de tortilla y harina de maíz más importante del país, se deslindó de su socio minoritario Ricardo Fernández Barrueco, quien es investigado en Venezuela por su presunta tenencia en algunos bancos de esa nación.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa mexicana subrayó que "Gruma no ha tenido, ni tiene, relación financiera con las instituciones bancarias propiedad del señor Ricardo Fernández Barrueco".
Aclara además que Fernández Barrueco no participa en el Consejo de Administración de Monaca o Demaseca, o de ninguna otra empresa subsidiaria de Gruma, de ahí que ambas continúan en operaciones.
Detalló que Gruma mantiene operaciones en Venezuela a través de sus subsidiarias Molinos Nacionales (Monaca) y Derivados de Maíz Seleccionado (Demaseca), entidades controladas en un 100% por las sociedades españolas denominadas Valores Mundiales y Consorcio Andino, respectivamente.
En la actualidad, precisó, Ricardo Fernández mantiene una participación minoritaria indirecta de 24.14% en Valores Mundiales, y 40% en Consorcio Andino.
En tanto, Gruma mantiene una participación mayoritaria de 72.86% en Valores Mundiales y 57% en Consorcio Andino.
Fernández Barrueco se encuentra bajo investigación por parte de la Dirección de Servicios de Inteligencia de Venezuela, en virtud de su tenencia accionaria en ciertos bancos venezolanos.
Al respecto, el Juzgado Undécimo en funciones de control de Venezuela, a petición del presidente Hugo Chávez Frías, autorizó al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas tomar las medidas precautorias necesarias para custodia, conservación, administración y/o aseguramiento de todas las sociedades mercantiles en que Fernández tenga participación.
Recordó que el 22 de diciembre de 2009 se publicó una resolución en la cual se designa a diversas personas como representantes y administradores especiales del Gobierno de las acciones indirectamente detentadas por Fernández Barrueco en Monaca.
Así, se les otorgaban facultades para tomar las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de Monaca y sus correspondientes activos
Por ello, refirió, autoridades del Gobierno de Venezuela e integrantes de la guardia nacional se han presentado en varias de las plantas de Monaca y Demaseca a solicitar información y realizar inventarios mientras se desahoga el proceso legal en contra Ricardo Fernández.
Adicionalmente, el 22 de diciembre de 2009 le fue notificada a Monaca una resolución dictada por el instituto para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios de Venezuela.
En esta, añadió, se dictó la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal de Monaca por 90 días naturales, designándose una junta administradora temporal a efecto de ejercer todos los actos de administración de la empresa, incluyendo administración de sus cuentas bancarias.
No obstante lo anterior, puntualizó, "a la fecha del presente comunicado, tanto Monaca como Demaseca continúan sus operaciones productivas y comerciales con normalidad".
Explicó que toda vez que Ricardo Fernández únicamente mantiene un interés minoritario indirecto en Monaca y Demaseca, Gruma prevé un acercamiento con las instituciones gubernamentales pertinentes a fin de procurar un acuerdo mutuo, que deje sin efectos legales las medidas precautorias referidas.
Sin embargo, de ser necesario, "es nuestra intención agotar las instancias legales disponibles bajo la legislación venezolana a fin de salvaguardar y proteger los legítimos intereses de Gruma en Monaca y Demaseca".
Además, dijo, continuará monitoreando el desarrollo de estos eventos en relación con sus operaciones en Venezuela.
"Aún y cuando Gruma no espera que el nivel actual de involucramiento por parte del Gobierno venezolano tenga un efecto material adverso en sus operaciones, no es posible asegurar que mayor involucramiento pudiera no tener efecto material adverso en la situación financiera y resultados de operación de Gruma", advirtió.
Gruma reiteró que siempre ha actuado con total apego a las leyes y regulaciones de Venezuela, y ratificó su compromiso con el gobierno bolivariano y todo el país venezolano, de seguir trabajando con su máxima capacidad para garantizar el abastecimiento de sus productos a la población venezolana.
