Venezuela con control de filial de Gruma
La productora mexicana de tortillas Gruma dijo este jueves que autoridades venezolanas emitieron una resolución para tomar control temporal de su subsidiaria Monaca en ese país, como parte de pesquisas sobre un empresario local, pero que la empresa opera normalmente.
Gruma dijo que el martes Molinos Nacionales (Monaca) recibió la notificación sobre la ocupación por 90 días.
También señaló que autoridades de Venezuela e integrantes de la Guardia Nacional se han presentado en varias de las plantas de Monaca y de Derivados de Maíz Seleccionado (Demaseca), otra subsidiaria de Gruma en el país andino, para solicitar información y realizar inventarios.
Aunque Gruma señaló que ambas subsidiarias operan con normalidad no especificó si la medida del Gobierno del presidente Hugo Chávez sobre Monaca ya se había llevado a cabo.
"El 22 de diciembre de 2009 le fue notificada a Monaca una resolución dictada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de Venezuela mediante la cual se dictó la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal de Monaca por un lapso de 90 días naturales", dijo Gruma en un comunicado.
Gruma señaló que se designó una junta "administradora temporal a efecto de ejercer todos los actos de administración de la empresa, incluyendo la administración de sus cuentas bancarias".
La productora de tortillas y harina de maíz señaló que la medida forma parte de las investigaciones contra el empresario Ricardo Fernández, quien está detenido tras la intervención reciente de cuatro pequeños bancos de su propiedad que el Gobierno dijo que incurrieron en irregularidades.
El Gobierno de Chávez está investigando a las empresas relacionadas con Fernández, quien mantiene una participación minoritaria indirecta del 24.14% en Valores Mundiales, S.L. y del 40% en Consorcio Andino, S.L., controladoras de Monaca y Demaseca.
El Gobierno de Chávez emitió en la víspera una resolución en la que designó administradores especiales para la empresa, así como otras de Fernández, pero no hacía referencia a la ocupación temporal. El empresario tenía negocios con el Gobierno.
La resolución precisó que dichos administradores especiales "deberán tomar las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de dichas empresas y sus correspondientes activos, a fin de evitar que éstos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan".
Gruma dijo que "continuará monitoreando" el desarrollo de los acontecimientos sobre sus operaciones en Venezuela, pero advirtió de un posible daño si las medidas se profundizan.
"Aún y cuando Gruma no espera que el nivel actual de involucramiento por parte del gobierno venezolano tenga un efecto material adverso en sus operaciones, no es posible asegurar que un mayor involucramiento pudiera no tener un efecto material adverso en la situación financiera y resultados de operación de Gruma", subrayó.
