IP critica impunidad por casino Royale
A casi un mes de la tragedia del casino Royale, donde 52 personas murieron, organismos intermedios del sector privado local cuestionaron que no se haya castigado a funcionarios públicos negligentes que, de haber realizado su labor, hubieran atenuado la desgracia.
En conferencia, los directores de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), Guillermo Dillon Montaña y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Mario Garza Benavides, lamentaron esta situación de impunidad.
"Nos referimos a las negligencias del municipio -de Monterrey- y del estado -de Nuevo León- para asegurar que el establecimiento cumpliera con las exigencias aplicables a cualquiera de su tipo, para minimizar los costos de un atentado como el que se sufrió", manifestó Dillon Montaña.
Aunque reconoció que la primera responsabilidad de las 52 pérdidas humanas, es de los criminales, "se pudieron haber salvado decenas de vidas si las autoridades hubieran estado al día en su deber de asegurar que el casino cumpliera con la normatividad para regular su funcionamiento".
El directivo de Caintra Nuevo León aseguró que como organismos intermedios demandan el deslinde de responsabilidades y la aplicación de los castigos que correspondan a las autoridades de Protección Civil y a las autoridades de trabajo.
Dichas autoridades, remarcó, debieron haber garantizado el funcionamiento de las salidas de emergencia, acabados apropiados para un establecimiento de esa naturaleza y condiciones de trabajo adecuadas.
"¿Cuántos casinos que continúan en funcionamiento cumplen ya con todas estas normas? ¿Quién se encarga ya, con nombre y apellido de asegurar que sí se cumplan?", cuestionó.
En ese marco, Garza Benavides de Coparmex Nuevo León dijo que no ha habido celeridad para conocer el peritaje de protección civil tras el atentado en el centro de apuestas, "para llegar hasta sus últimas consecuencias en los distintos niveles de gobierno que resulten responsables".
En tanto el director del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), Miguel Treviño de Hoyos, quien también participó en la conferencia, sostuvo que tienen que ser muy exigentes con la autoridad.
"De que esas 52 muertes requieren de una explicación y que probablemente parte de la explicación de esas muertes tiene que ver con negligencias de las autoridades estatales y municipales en garantizar materiales, salidas, verificaciones de condiciones de trabajo".
