México abre investigación sobre Walmart
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que inició la verificación de los permisos o trámites en el ámbito federal, que fueron realizados por Walmart de México (Walmex) para la apertura y operación de sus tiendas en el país.
El diario The New York Times publicó el sábado pasado que la empresa destinó al menos 24 millones de dólares para sobornar a funcionarios del país a fin de crecer su dominio en mercado.
La cadena de presunta corrupción incluye a alcaldes y concejales, planificadores, burócratas de bajo nivel y a todo aquel que pudiera significar un obstáculo en la expansión de la empresa, según el artículo. Aunque el texto no especifica nombres de funcionarios, entidades o localidades.
La SFP expuso este miércoles en un comunicado que en caso de que detecten conductas irregulares de servidores públicos federales , el Gobierno federal actuará en consecuencia.
"El Gobierno federal solicitará a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos la entrega de información sobre este caso, que permita a la SFP realizar las investigaciones correspondientes", aseguró la dependencia, basada en las convenciones internacionales anticorrupción suscritas y ratificadas entre ambos países.
Agrega que si derivado del análisis correspondiente se obtiene evidencia de la posible responsabilidad de burócratas, lo hará del conocimiento de las autoridades competentes.
Transparencia Mexicana pide aclaración
Transparencia Mexicana pidió que las autoridades mexicanas aclaren si las acusaciones a Walmart de México y Centroamérica caen dentro del convenio contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que ratificó el Senado mexicano en 1999.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra estudiando el caso para averiguar si Walmart infringió la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
"El hecho de que se active el FCPA, y que las autoridades mexicanas tengan la obligación de cooperar judicialmente con las estadounidenses, tiene que ver con la convención de la OCDE", comentó Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana.
"El Departamento de Justicia (de EU) puede iniciar una investigación penal por una nota publicada en un periódico, mientras en el caso mexicano tiene que haber una denuncia", añadió Bohórquez.
El directivo recordó que en el caso mexicano no existe la responsabilidad penal de las empresas, algo que en Estados Unidos sí.
"Que una empresa en Estados Unidos sea legalmente responsable significa que de sus utilidades y su capital pueden ser sancionados", explicó el titular de la organización.
Con información de Edgar Sigler.
