MVS se ‘resbala’ con los ceros
La propuesta de contraprestación que MVS ofreció pagar para refrendar sus concesiones en la banda de 2.5 GHz que consta en Hacienda es de 0.04 centavos de dólar por MHz/Pop, y no de 0.04 dólares como argumenta la empresa, por lo que la dependencia entendió que se quiso pagar apenas 0.38% que pretendía recibir el Gobierno.
"Puede ser un error, pero lo que consta en nuestros expedientes es eso", explicó el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Héctor Olavarría.
La Secretaría de Hacienda tomó en consideración ese dato para aseverar que MVS pretendía pagar 1,300 millones de pesos (mdp) frente a los más de 27,000 mdp que calculó como valor.
"El Estado está obligado a administrar el espectro radioeléctrico con eficiencia y economía y, por ello, tiene el derecho a recibir una contraprestación económica que refleje el valor de mercado de este recurso escaso", expuso Hacienda en un comunicado difundido el 16 de agosto.
MVS acusó en su conferencia de prensa de este miércoles que se busca plantar la idea de que no quería pagar la contraprestación por el espectro.
"Se ha hecho pensar que MVS no quiere pagar... lo cual es totalmente falso y queda demostrado", expresó el vicepresidente de finanzas, José Antonio Abad, y reiteró la cantidad de poco más de 11,000 mdp que pretendían cubrir, tomando en cuenta la referencia de 0.04 dólares por MHz/Pop.
El cálculo del monto a pagar por la concesión se obtiene multiplicando el precio por MHz, por el número de MHz a licitar, por la población del país (Pop).
El vocero de MVS no pudo confirmar la cifra que se envió como propuesta a Hacienda al no tener a la mano el documento.
Olavarría comentó que, aún con la cifra de 4 centavos de dólar (0.04 dólares MHz/Pop), la postura resultaba muy lejana a lo demandado por el Gobierno.
"Ellos se mantuvieron mucho tiempo en 4 centavos (de dólar), y nosotros fuimos flexibles. Por eso propusieron licitar parte del espectro", expresó el funcionario.
"Nos encantaba el proyecto"
El Gobierno anunció hace dos semanas su intención de buscar el "rescate" de las concesiones del conglomerado de medios en la banda 2.5 GHz, con el propósito de licitar de nuevo esas frecuencias para servicios de Internet de banda ancha móvil.
MVS pretendía usar este espacio, que ya aprovechaba para ofrecer servicios de televisión por microondas, para constituir un consorcio de cuatro empresas que brindarían servicio de Internet de alta velocidad fijo, además de rentar parte de su infraestructura para operadores como Telcel o Telefónica.
"Eso nos encantaba porque promueves mayor competencia en la banda, y en la prestación de servicios de banda ancha móvil. Esa era una de las principales bondades que tenía ese consorcio", reconoció Olavarría.
Pero el funcionario subrayó que al no llegar a un acuerdo sobre el monto de la contraprestación, ni siquiera se logró un consenso sobre el nuevo título de concesión, que hubiera planteado cuestiones como la obligación de compartir infraestructura, es decir, la condición de que rentara su red para el uso de otros operadores.
El proyecto 'Banda Ancha para Todos' pretendía funcionar como un carrier de carriers, similar al negocio del socio de MVS de Estados Unidos, Clearwire, que vende servicios de Internet fijo de alta velocidad bajo su marca, mientras que renta su infraestructura a su mayor cliente Sprint-Nextel, uno de los principales operadores de telecomunicaciones en el vecino país.
Olavarría no descarta que, si se llega a licitar de nuevo la banda, puedan encontrarse modelos de bloques para que tanto los actuales operadores como otros nuevos puedan participar.
"Creo que se puede fomentar la entrada de nuevos competidores y poner en manos de los existentes más espectro", externó el funcionario.
El proceso aún puede enfrentar juicios de amparo o nulidad, pero la SCT defenderá ante los juzgados que se trata de una acción de interés público, con lo que puede evitar la suspensión del proceso.
Este argumento ya se usó en el caso de interconexión del año pasado, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que no se podían suspender los actos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en ese tema.
"(El rescate) está guiado en el interés público, y la ley de procedimiento y amparo es clara en ese sentido", sostuvo Olavarría.
