Cofetel debe atender queja de Televisa
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) pidió al regulador de las telecomunicaciones que abunde en la ausencia del tema de una mayor compartición de infraestructura en el anteproyecto de Convenio Marco de Interconexión (CMI), sobre el que Grupo Televisa insistidó incluir para que Telmex tenga una regulación más estricta.
Durante el proceso de consulta que siguió el convenio, la televisora argumentó a través de Cablevisión , Cablemás, Operbes y Bestphone que la falta de una obligación para que Telmex comparta su infraestructura en la última milla (política conocida como desagregación del bucle local) implicará gastos "fuera de toda realidad" para llegar a los usuarios.
"En particular, esta Comisión (Cofemer) requiere que en la respuesta al presente Dictamen Total, esa secretaría aporte el análisis económico sobre la alternativa de haber incorporado al Convenio Marco de Interconexión, la desagregación de los elementos de red y en su caso justifique las razones metodológicas para no abordarlo en el presente proyecto", pidió en su dictamen total no final que debe responder la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
El ente detalló en una tabla los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en los que se implementa la llamada desagregación del bucle local, es decir, la obligación para que la empresa dominante comparta su infraestructura en la última milla.
Un grupo de empresas filiales de Televisa, Iusacell, así como el gremio de cableros Canitec, y el centro de estudios IDET, han exigido que en el convenio se incluya la desagregación del bucle local, a lo que Telmex se ha opuesto al considerar que esta medida sólo desincentivará la inversión de sus rivales.
El CMI pretende fijar las reglas mínimas para que los operadores ofrezcan la interconexión entre sus redes, y es visto como el último paso para que, en caso de aceptarlo, Telmex obtenga el aval del Gobierno para ofrecer servicios de televisión restringida.
Ahora la Cofetel deberá responder a este y otros cuestionamientos realizados por la Cofemer, ya sea explicando sus razones para no incluir ciertos aspecto en el anteproyecto, o para modificarlo, comentó Michel Hernández, analista del centro de estudios Observatel.
"No necesariamente debe tomar en cuenta todos los comentarios, aunque sí deben responder", explicó Hernández
La Cofemer se ha mostrado satisfecha en términos generales dentro de su análisis sobre el anteproyecto del convenio, compartiendo la visión de su par regulador sobre la importancia de obligar a Telmex a convenir acuerdos para la interconexión.
"(...) El anteproyecto en análisis es una alternativa regulatoria que busca atender el problema de información; y un posible beneficio directo del proyecto, si y sólo si se parte del supuesto de adhesión de los participantes, es la reducción de los costos de transacción que se derivan de las negociaciones para llegar a un acuerdo favorable en materia de interconexión", expresó la Cofemer.
Más información sobre puntos IP
La Cofemer ha pedido que se explique con más detalle cómo se determinaron los 10 puntos de interconexión IP que solicitó la Cofetel para el cumplimiento del convenio por parte de Telmex.
"(...) Dicho análisis deberá contener los posibles impactos en el servicio de interconexión y los beneficios que podrían generarse en el mercado de las telecomunicaciones en México", expresó en su dictamen.
Telmex ha acusado que la implementación de estos puntos le conllevará un gasto de más de 1,200 millones de pesos, mientras que la Cofetel asegura que es una inversión que o bien ya tiene la telefónica , o deberá desplegar como parte de la expansión de su negocio.
El regulador de las telecomunicaciones ha defendido la necesidad de instalar estos puntos como una forma de brindar una interconexión con sistemas modernos y dar servicios tanto de voz como de datos.
Con la presentación de este dictamen no final, la Cofemer dio por concluida la consulta pública del anteproyecto, que se amplió más allá de los 20 días hábiles usuales a petición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
