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El PAN revive regulación fallida de EU

Su propuesta de reforma energética plantea que el regulador dé concesiones y vigile a petroleras; esta dualidad de mandato fue una de las causas del derrame de crudo en el Golfo de México en 2010.
jue 08 agosto 2013 06:04 AM
Más de 200,000 empresas e individuos reclamaron el pago de daños por alrededor de 4,100 mdd causados por el derrame de BP. (Foto: Archivo)
derramebpmex2 (Foto: Archivo)

La propuesta de reforma energética del Partido Acción Nacional (PAN) contempla un esquema donde el regulador del sector otorgue concesiones y al mismo tiempo vigile a las empresas beneficiadas, un sistema similar al que Estados Unidos abandonó cuando esta dualidad de mandato provocó el mayor derrame en su historia tras la explosión de una plataforma en el Golfo de México.

La propuesta del blanquiazul, que contempla la apertura total del sector a la iniciativa privada, plantea que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) deberá ser la encargada de licitar las concesiones que se otorguen para explotar los campos y de vigilar el cumplimiento en términos de seguridad y mejores prácticas de aprovechamiento.

La combinación de funciones en un solo organismo fue señalada por el Gobierno de EU como una de las causas del desastre que vivió en 2010, cuando una plataforma de la empresa británica BP explotó en las aguas del Golfo de México, comentó un exfuncionario del sector energético que pidió no ser identificado.

"La propuesta del PAN cae en el mismo error que los estadounidenses tuvieron que rectificar luego de la explosión en el Golfo de México. El Gobierno de EU decidió entonces partir en dos a su regulador para evitar que existieran incentivos cruzados, pues el promotor de las licitaciones al mismo tiempo debía vigilarlas. Al final vieron que eso no funcionó", dijo.

Tras el derrame, el entonces secretario del Interior, Ken Salazar, decidió partir al organismo regulador energético -la Minerals Management Service (MMS)- en dos entidades: una encargada de evaluar, planificar y licitar las concesiones en aguas profundas, conocida como Bureau of Ocean Energy Managemen (BOEM); y otra para vigilar, investigar y sancionar a los operadores de estos pozos, la Bureau of Safety and Enviromental Enforcement (BSEE).

"El trabajo de asegurar que las compañías de energía siguen la ley, además de proteger la seguridad de los trabajadores y el ambiente es una responsabilidad grande; y debe ser independiente de otras misiones de la agencia" comentó Ken Salazar en mayo de 2010 .

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El exfuncionario mexicano consideró que los legisladores deberán ponderar la creación de dos instituciones, con autonomía constitucional para evitar que exista ese conflicto de interés.

Respaldo a la propuesta del PAN

La propuesta energética del PAN cuenta con el apoyo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) , que considera que la CNH podría lidiar con ambos mandatos si tuviera autonomía presupuestal y poderes para sancionar.

"Deberá tener la facultad de sancionar a las empresas participantes en la industria petrolera (...) (y) debe ser la encargada de licitar los bloques sujetos a asignaciones petroleras, ya sea de Pemex o de terceros", expone el instituto dentro de su estudio ‘Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI'.

Además considera que no se puede realizar una comparación directa entre el caso mexicano y el estadounidense debido a que allá la legislación da la propiedad del petróleo a quien lo extrae, y no como en México que es del Estado, comentó Monserrat Ramiro, analista del sector para el IMCO.

“Yo creo que el objetivo de un regulador fuerte, y tenerlo como dueño de concesiones, es separar al operador y al dueño de los recursos, porque ese es el Estado mexicano”, dijo.

El IMCO destaca que si bien la actual Comisión cuenta con facultades para realizar estudios, investigaciones y realizar dictámenes sobre los proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex), al final las sanciones quedan en manos de la Secretaría de Energía (Sener), por lo cual se convierte en un regulador con poco peso en el sector.

"(Se) debe fortalecerse la obligatoriedad jurídica de esta normatividad mediante mecanismos sancionatorios efectivos en caso de su incumplimiento", coincidió el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) en su estudio ‘México ante la Revolución Energética'.

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