La Corte desecha consulta sobre energía
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinó, con ocho votos a favor y tres en contra, pronunciarse sobre la constitucionalidad de la aplicación de la Consulta Popular sobre la reforma energética, con el fin de no obstaculizar el trámite para que se contabilicen las firmas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigiendo el procedimiento.
Este jueves, antes de que la Corte emitiera su voto, el Senado dio trámite precisamente a esta petición de los senadores del PRD, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) analice si las firmas representan el 2% del padrón electoral, según se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Alta.
Aunque el máximo tribunal desechó la petición de los senadores perredistas sobre la legitimidad del mecanismo de Consulta Popular, la mayoría de los ministros coincidieron en que deben tramitarse las firmas recabadas por el partido.
El PRD presentó el 3 de diciembre cerca de 1.7 millones de firmas exigiendo someter a Consulta Popular los cambios propuestas en materia energética.
La reforma abrió la inversión privada en el sector de hidrocarburos y eléctrico, con lo que puso fin a los monopolios legales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en estos sectores.
El proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán proponía desechar el trámite a la consulta, argumentando que los senadores no se encontraban legitimados para promover la petición a falta de las leyes secundarias que sustentarán el procedimiento de consulta, un mecanismo constitucional aprobado desde agosto de 2012.
La mayoría de los ministros consideraron que sí existen fundamentos legales para dar trámite a la Consulta, a pesar de la inexistencia de leyes secundarias al momento de la petición.
“Más que un problema de legitimación yo diría que no se han cumplido los supuestos constitucionales”, expresó el ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, durante su exposición este jueves.
El ministro presidente, Juan Silva Meza, añadió que por ahora la Corte no debía pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, si la Consulta Popular podía invocarse dentro de los cambios en materia energética.
El Congreso aprobó las leyes secundarias en materia de la Consulta Popular el 14 de marzo pasado, a pesar de que los legisladores se habían autoimpuesto un año para sacarlas, con lo cual incurrieron en una omisión absoluta, opinó el ministro Jorge Mario Rebolledo.
“Me inclino porque la solicitud no se presentó en el momento adecuado y por eso el desechamiento… pero no significa que la Consulta deba obstaculizarse”, expresó el ministro.
El martes pasado, el ministro José Ramón Cossío había explicado que la petición debía remitirse al Instituto Nacional Electoral (INE) para ver si representaban el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para entonces pronunciarse sobre la petición.
