PAN y PRD ven corruptible ley energética
La propuesta de leyes secundarias en materia energética del Gobierno federal excluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cumplir con normas para prevenir la corrupción en materia de licitaciones y contrataciones, por lo que los mayores partidos opositores en el Senado presentaron iniciativas para atajar estas lagunas.
Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron propuestas para que las paraestatales, en su nuevo rol como “empresas productivas del Estado”, sean sujetas al escrutinio de normas anticorrupción como todo el aparato del sector público.
La reforma constitucional prevé que Pemex y CFE se conviertan en empresas productivas del Estado, un concepto orientado a que compitan en el nuevo entorno donde se abrirán los sectores petrolero y eléctrico del país al capital privado.
Pero la iniciativa de leyes secundarias del Gobierno de Enrique Peña Nieto desvincula a las paraestatales de cumplir con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, lo que genera un vacío legal que puede generar focos de corrupción, acusaron senadores del PAN.
“De no llevarse a cabo la adecuación que se propone, se generaría un vacío que podría hacer inaplicable esta Ley a las empresas productivas del Estado, por la ausencia de autoridad competente en la materia”, afirmaron los legisladores panistas en una iniciativa para reforma la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas presentada este martes en comisiones de la cámara alta.
La propuesta se da en medio de diversas investigaciones que ha iniciado solo este año Pemex en casos como el de Oceanografía, Evya, Key Energy o Hewlett Packard, todas acusadas de fraudes en relación a asignaciones o licitaciones de servicios con la paraestatal.
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La iniciativa panista pide modificar el artículo tercero de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, para incluir a las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE en el ámbito de esta legislación que permite a la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditar los contratos que celebra el sector público.
El cambio también incluiría a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La iniciativa del PAN también da facultades para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vea la “impugnación de actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado”.
La propuesta ahora deberá analizarse por el Senado en el marco de la discusión de las leyes secundarias en materia energética, pero los legisladores se encuentran atorados en el debate, luego que el blanquiazul decidiera dejar las mesas de análisis debido a que el PRI y el PRD decidieron incluir dentro del siguiente periodo extraordinario -a celebrarse el 19 y 20 de junio- cambios a la Ley General de Partidos Políticos.
Se suma el PRD
Los legisladores perredistas presentaron también este miércoles otra iniciativa para incluir a Pemex y CFE en el marco de la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, que retoma la idea de crear al Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, un órgano autónomo que suplirá a la Secretaría de la Función Pública.
“Las resoluciones del Instituto relacionadas con las empresas productivas del Estado, o con actos o hechos relacionados con la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos serán definitivas e inatacables”, apunta la propuesta.
También considera que en caso de comprobarse la existencia de actos de corrupción, el instituto enviará el expediente completo a la Fiscalía especializada en materia de delitos de corrupción, presentará las denuncias de hechos que correspondan y coadyuvará con dicha autoridad ministerial en las etapas de averiguación previa y juicio.
El PRD pretende crear todo un nuevo marco regulatorio sobre prácticas contra la corrupción en la administración pública, a diferencia de la del PAN que busca incluir a las empresas productivas del Estado dentro de la actual legislación.
El Gobierno espera que la reforma impulse la producción de crudo de 2.5 millones de barriles promedio diario a 3 millones para 2018, además de elevar las inversiones en el sector petrolero en 10,000 millones de dólares adicionales a los 25,000 mdd que aporta Pemex al año.
