Dragon Mart recibe multa de 7.2 mdp
El proyecto Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo, recibió una sanción de 7 millones 233,675 pesos por carecer de autorizaciones en materia de impacto ambiental, informó este jueves la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La obra fue sancionada por no contar con permisis para su realización, así como dos caminos en zonas de humedales y por la afectación de ecosistemas costeros, derivado de la construcción del desarrollo inmobiliario, precisó la procuraduría en un comunicado.
Adicional a la multa, Dragon Mart debe obtener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en materia de impacto ambiental.
Las medidas también incluyen presentar planos georreferenciados de las obras; estudios de flora, fauna e hidrológico del predio, y realizar una compensación ambiental, por medio de una reforestación superior a la superficie impactada.
“En caso de no obtenerla (la autorización), aplicar medidas de restauración y compensación por los daños ambientales provocados”, dijo la Profepa, aunque no aclaró si el proyecto debe acatar las medidas en caso de lograr el permiso de la Semarnat.
La resolución se dio luego de concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que se construye en el predio El Tucán, municipio de Benito Juárez.
El proceso de investigación inició y concluyó en marzo pasado.
La Profepa agregó que el juicio de amparo que le fue concedido a la empresa para defenderse de una posible clausura o suspensión no ha quedado firme, en virtud de la impugnación que tuvo ante los tribunales colegiados.
La inversión programada exclusivamente para la construcción del centro será de entre 180 y 200 millones de dólares (mdd) y se estima la generación de 8,000 a 8,500 empleos entre directos e indirectos.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado la oposición de autoridades federales y cúpulas empresariales, como la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) , quién ha señalado que su instalación incrementa el riesgo de prácticas desleales de comercio contra la industria mexicana.
