Reglas telecom en seguridad pueden vulnerar derechos humanos
Las reglas que deben seguir los operadores de telecomunicaciones cuando las autoridades les soliciten intervenir el intercambio de voz y datos entre sus clientes, implican riesgos de violaciones a los derechos humanos y abusos judiciales, aseguran expertos.
En los próximos días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicará la Propuesta de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia , según el diario Reforma.
Los lineamientos, que provienen de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión expedida el verano pasado, establecen entre otras cosas que las empreseas deben recopilar datos sobre los usuarios de los servicios y le da facultades al gobierno de revisarlos.
De acuerdo con el documento las empresas deberán conservar las direcciones IP de sus clientes, entre otros elementos.
"El proyecto incluye obligaciones para concesionarios como el de guardar datos relacionados con comunicaciones telefónicas y digitales, además de que una variedad indeterminada de autoridades pueden acceder a esta información sólo con una notificación", dijo la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Clara Luz Álvarez.
Según la experta, el proyecto sometido a consulta por el IFT en noviembre, adolece de elementos de la práctica internacional en la cual el resguardo de datos está limitado por un catálogo específico y "todo requerimiento de las autoridades necesita la luz verde de un juez"-
El problema de los lineamientos, según el director de tecnología de Alternativa Digital, proveedor de servicios tecnologícos, Emilio Saldaña, radica en la falta de transparencia en el uso de la información.
El inconveniente es que ni el Estado ni los operadores tienen obligación de notificar a los ciudadanos sobre el uso de sus datos, comentó.
Además, existen riesgos de que la informacion termine en manos de terceros. "No hay garantías de que la información usada sea destruida después de la investigación para la cual fue requerida", comentó Saldaña.
Para la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), organismo que agrupa a los operadores de telecomunicaciones del país, los preocupante es conservar por dos años las direcciones IP y el plazo de pocas horas para que las empresas respondan a requerimientos judiciales. Ambos requerimientos, comentó la Anatel en un comunicado, padecen dificultades técnicas que no permitirían su pleno cumplimiento.
CNNExpansión buscó al IFT que remitió a un documento que emitió el 26 de enero, en el que aclaró que al momento no existe una versión final de dichos lineamientos.
El proyecto final aún está siendo evaluado por la Unidad de Política Regulatoria, sin fecha para su envío al pleno de comisionados, quienes deberán dar su aprobación final.