La SCT negocia pago por tren México-Querétaro
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya presentó su propuesta de pagos de gastos no recuperables a las empresas mexicanas y chinas que conformaron el consorcio ganador de la licitación del tren México-Querétaro, tras la no suscripción del contrato de esta obra que anunció la dependencia hace seis meses.
Sobre esta propuesta, que les fue notificada el pasado 22 de mayo, las firmas del consorcio encabezado por China Railway negocian con la SCT para determinar si aceptan o impugnan el monto autorizado en la resolución de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM).
“Se encuentra corriendo el término a favor de las empresas chinas y mexicanas, integrantes del consorcio, para que, en su caso, impugnen la resolución de la DGTFM de fecha 21 de mayor del años en curso, que determinó el pago de gastos no recuperables”, respondió la dependencia encabezada por el secretario Gerardo Ruiz Esparza a CNNExpansión a través de una solicitud de transparencia.
De acuerdo con la legislación, los integrantes del consorcio tienen un plazo de 15 días hábiles para interponer un recurso de revisión a la propuesta de la SCT o 45 días para promover un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Hasta el 5 de junio, las empresas no habían dado una resolución en torno al monto determinado por el Gobierno mexicano tras revisar las propuestas de los privados.
“Estamos revisando los gastos incurridos en la presentación de la propuesta (…) se está en un tema de revisión y negociación con la SCT de qué conceptos entran y qué montos entran dentro de esos conceptos. Eso es lo que hay y esperamos llegar a un acuerdo”, dijo en entrevista el asesor de Constructora y Edificadora GIA+A, Miguel Rico, cuya firma formó parte del consorcio compuesto por China Railway Construction Corporation Limited, China Railway Construction International Group, China Railway Construction Mexico y CSR Corporation Limited; así como las empresas mexicanas Promotora y Desarrolladora Mexicana, Constructora Teya (de Grupo Higa) y GHP Infraestructura Mexicana.
“Se está trabajando de manera cordial. Es más un tema de que es mucho el volumen del material que hay que revisar”, agregó el asesor de la mexicana GIA+A, la única que respondió a una solicitud de entrevista.
El 21 de mayo pasado, fecha en que la SCT llegó a la resolución sobre los gastos no recuperables, la subsecretaria de Transportes, Yuriria Mascott Pérez, dijo en un acto público que la SCT estimaba pagar 20 millones de pesos a las empresas .
En dicha fecha, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la dependencia a otorgar una versión pública de la solicitud de reclamación para el pago de los gastos no recuperables. Sin embargo, la cantidad solicitada por las empresas se reservó, pues podría entorpecer el proceso deliberativo, según justificó la unidad administrativa de la SCT.
El expediente del proyecto del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México Quéretaro se encuentra clasificado desde junio de 2013 por seis años.
El 3 de noviembre, la SCT anunció que la licitación fue ganada por el consorcio encabezado por China Railway. Sin embargo, dos días después, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó revocar el fallo argumentando cuestionamientos al concurso y se anunció una nueva licitación, lo que fue notificado a las empresas participantes hasta el 1 de diciembre.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), el Gobierno tiene un plazo no mayor a 10 días hábiles para notificar por escrito “las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación (la cancelación de una licitación pública). A inicios de este año, el proyecto fue suspendido indefinidamente.
Entre los gastos que las empresas pueden reclamar se encuentran viáticos de las personas que asistieron a la presentación de ofertas, juntas de aclaraciones, visitas al sitio y el fallo, así como honorarios a personal, el costo de emisión de garantías, y cuestiones de papelería y oficinas.
Parte de la polémica que generó la obra fue que en el consorcio participaba Constructora Teya, filial de Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú , contratista del Gobierno que ayudó a la esposa del presidente, Angélica Rivera, y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a conseguir lujosas casas.
