El futuro de la reactivación de Oceanografía atado a Londres

La disputa por dos buques, finalmente reconocidos como propiedad de empresas panameñas y considerados clave en el plan de reactivación de Oceanografía, aún está lejos de resolverse.

Marfield y Shanara --empresas que firmaron con Oceanografía un contrato de arrendamiento de los navíos Caballo Maya y Marango con opción a compra-- pelean ahora en los tribunales de Londres para que se separe a ambos barcos de los activos de la compañía y así no se incluyan en el proceso del convenio concursal .

Oceanografía, de Amado Yáñez, es acusada de defraudar a Banamex por más de 400 millones de dólares, y actualmente está en proceso de reactivación tras concluir el concurso mercantil.

La subsidiarias panameñas de Coastline Maritime, dueñas de los barcos cuyo valor suma 300 mdd, esperan que la cancelación de estos convenios en 2014 sea reconocida y se separen los navíos de los activos de Oceanografía, lo que no consiguieron en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del DF.

El juez Felipe Consuelo Soto, que lleva el proceso del convenio concursal de Oceanografía, rechazó la solicitud de retirar a las embarcaciones de los activos de la empresa, pues las propietarias Marfiel y Shanara nunca le dieron la opción de compra de las embarcaciones como lo estipulaban los contratos de arrendamiento.

Sin embargo, las empresas panameñas argumentaron que dichos contratos se cancelaron por incumplimiento de pago en febrero de 2014 -días antes del aseguramiento de la naviera- de manera unilateral, y con ello la opción de compra.

“El mismo contrato establece que esta controversia que se genera (al cancelar el contrato) debe ser resuelta por un arbitraje en Londres, y ya desde varios meses estamos en un arbitraje (…) en el que exponemos que el barco (Maya y Marango) que es de nuestra propiedad no cuenta con ese contrato porque Oceanografía incurrió en varias faltas para darlo”, sostuvo en entrevista telefónica el representante legal de las subsidiarias panameñas Felipe de Jesús Riveros.

Aún así en los tribunales mexicanos, las empresas apelarán la decisión del juez Consuelo Soto de validar el convenio de arrendamiento, agregó el abogado.

“No debe pronunciarse en cuanto la validez del contrato. Si dijéramos que el contrato es valido quiere decir que todavía (Oceanografía) debe más dinero y que no ha pagado”, consideró el asesor de Coastline.

En las cinco resoluciones publicadas el jueves pasado, el titular del juzgado Tercero de lo Civil en el DF desacreditó a Shipping Group México, empresa que se ostentaba como dueña de Marango y Maya, como propietaria de dichos navíos que supuestamente están bajo control del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

El buque Caballo Maya, que fue trasladado de Campeche a Veracruz sin conocimiento del juez que lleva el proceso mercantil,  fue dada en tenencia a Shipping Group por orden de la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 20 de julio.

Desde el 9 de agosto, Caballo Maya, uno de los principales buques con los que operaba Oceanografía después del OSA Goliat, embarcación que perdió ante sus acreedores noruegos Norsk Tillitsmann el año pasado, permanece atracado a cerca de las Islas de Sacrificio (Veracruz), sin que aún tenga fecha de retorno a Campeche donde permanecen asegurados los bienes de la naviera desde finales de febrero de 2014 en espera de reactivar las operaciones.

“Seguimos con mucha incertidumbre en cuanto a lo físico, el barco (Maya) zarpa sin autorización; sigue allá anclado y el depositario del barco sigue sin cumplir sus obligaciones (…)”, dijo el representante legal de Marfield y Shanara, acreedoras que, junto con Banamex, no estuvieron de acuerdo con el plan de reestructura de Oceanografía alcanzado por en mayo pasado ni del aseguramiento de los barcos de su propiedad.

“Estamos en plena temporada de huracanes, en lo que resuelve el juez podría llegar un huracán al Golfo de México y se vuelve más peligrosa la situación”, agregó.

Las embarcaciones eran utilizadas por Oceanografía para dar servicios a Pemex, con quien dicha empres a firmó contratos falsos y que ahora podrá prestar servicios de nuevo de capitalizarse el plan de reactivación .