Queda corta inversión en infraestructura
El cabildeo ante el Congreso de la Unión que durante meses llevaron a cabo organismos empresariales de la construcción para destrabar las ataduras a la inversión del Programa Nacional de Infraestructura vía la aprobación de una Nueva Ley de Obra Pública rendirá frutos, aunque eso sí, pequeños.
"Las reformas aceitarán el ejercicio público presupuestal y el pronóstico negativo de 4.9% en el PIB de la construcción serán revisados porque se hicieron sin tomarlas en cuenta. Pero no está claro todavía como incidirá", asegura Humberto Armenta González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Lo que por ahora queda claro, señala el líder de los constructores, es que "obras emblemáticas del Programa de Infraestructura favorecidas con estos cambios, no habrá. Es sólo la suma de todas las obras públicas presupuestadas las que podrán ejercerse con más celeridad", observa.
Las promesas
Al inicio de 2009, el gobierno federal apostaba por la inversión en infraestructura como factor contracíclico. En enero se presumían inversiones por 87,778 millones de pesos (mdp), de los que 58,419 mdp vendrían por parte del gobierno y 29,358 millones los aportaría la iniciativa privada.
Pero los escándalos políticos del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no permitieron -como se prometió- que se licitara 80% del presupuesto antes del primer trimestre.
Hasta la segunda semana de mayo, la SCT ejerció 11,505 mdp (23% del presupuesto) del Programa Carretero 2009 que contempla 2,192 contratos de obra pública. El ejercicio, señala la SCT, generó 118,100 empleos directos y 79,635 temporales.
La mayor parte del gasto público se pulverizó en obras de bajo impacto "que generan inyección de recursos, pero son infraestructuras pequeñas, como carreteras de ocho kilómetros, mantenimientos y rehabilitaciones", afirma Armenta.
Las obras con inversión privada son las que han sido pospuestas, redimensionadas o canceladas. "El dinero privado es el verdaderamente ausente", observa Armenta.
Al respecto, Alonso García Tamés, director general de Banobras, señala que ese banco de desarrollo apoyará la construcción de infraestructura otorgando deuda subordinada para que los proyectos puedan calificar para créditos comerciales.
Antes de la debacle financiera, el capital que Banobras aportaba como garantías era de 25%, en la actualidad, los proyectos piden más de 50%. Un ejemplo, será el aeropuerto de la Riviera Maya -a licitarse este mes, según Tamés- cuya inversión total esta prevista en 342 millones de dólares y que tendrá una deuda subordinada de 25 mdd.
Las reformas
A finales de abril, buena parte de los cambios a la legislación que por meses había buscado el sector privado de la construcción, se cristalizaron. Las reformas a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) permitirá a empresas, ediles o estados proponer a la autoridad federal estudios, planes y programas para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura.
Para solucionar el miedo de los funcionarios públicos a aprobar la ejecución de algunos proyectos, de entre el paquete de modificaciones se derogaron las disposiciones que en materia de obras y presentación de proyectos estaban contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de que sea la Ley de Obras la que las regule.
Eso sí, delimita algunos sectores para la realización de propuestas, como son el de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turismo, educación y salud.
Otro de los cambios es la agilización de licitaciones y contratación de obras en cuanto el Congreso apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (la fecha límite es el 15 de noviembre), para que los concursos inicien antes del siguiente año.
Los pendientes
Hasta ahora, nada da visos de que las modificaciones a las leyes que regulan las licitaciones sean suficientes para animar al capital privado.
"Hay otras leyes como la de Prestaciones Público Privadas (PPS) que incentivarán la industria y que al trabajar de forma conjunta sí impulsarán de forma importante al sector", señala Luis Zárate Rocha, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Zárate argumenta que incluso debería incluirse una ley federal que regule las licitaciones y acabe con la discrecionalidad a la hora de evaluar las propuestas que presentan las empresas. Por ahora, el periodo legislativo ya acabó y no será sino hasta el 1 de septiembre próximo cuando se reinicie la actividad de las cámaras. La maquinaria de infraestructura tendrá que ajustarse, por lo pronto, a las actuales reglas del mercado.