Agua, asunto de vida o muerte
No es un secreto que la severa contaminación biológica y química de los ríos, pozos y mantos acuíferos incide en el desarrollo de enfermedades intestinales y cancerígenas, pues alrededor de 60% de las aguas residuales del país no son saneadas antes de ser desechadas.
Las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en 2007, un total de 72.6 millones de habitantes (68.4% de la población) generaban 243 metros cúbicos por segundo (m3/s) de aguas residuales, de los que el sistema de alcantarillado recolectaba 207 m3/s. De esta última cifra, sólo 79.3 m3/s (38.3%) contaban con algún tipo de saneamiento a través de plantas de tratamiento de agua.
Información del Centro del Agua para América Latina y el Caribe revela que el agua que no iba al alcantarillado se tiraba directamente en el suelo o se arrojaba en sistemas como fosas sépticas o letrinas; a lo que hay que añadir que la descarga de aguas negras del Distrito Federal se utiliza para regar los cultivos en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Y peor aún, la sobreexplotación de los pozos de agua dulce de Durango, Torreón y Guanajuato hace que el líquido salga con arsénico.
Según el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, la meta consiste en aumentar la cobertura de tratamiento de aguas residuales de 38.3 a 60%, además de incrementar el alcantarillado con un presupuesto de 70,000 millones de pesos para todo el sexenio. Dicha cifra equivale a 3% de lo que invierten Japón y Alemania al año en ambos rubros.
El problema está en que la Conagua no se ha podido coordinar con la mayoría de los organismos operadores de agua del país, que no cuentan con el personal técnico ni administrativo calificado para planear, operar, mantener y rehabilitar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que tiene más de medio siglo de existencia y cuya vida útil ya finalizó.
¡Habrá que pedir cuentas claras!