El Senado prepara ley anticharlatanes
Tradicionalmente, los títulos profesionales que expiden las universidades están condicionados a la acreditación de cursos y prácticas autorizadas. Sin embargo, muchas instituciones los otorgan por otras vías que no garantizan ni la calidad de los estudios ni los procesos de evaluación para mejorarlos. Además, las autoridades estatales y federales no tienen un registro actualizado de los diversos títulos profesionales.
Esa situación ha permitido que se lucre con títulos apócrifos o de mala calidad, situación que en muchas ocasiones provoca que los servicios contratados por los usuarios sean deficientes y provoquen graves daños a instituciones o personas, sin que puedan actuar legalmente ante esas irresponsabilidades.
Por eso, la reciente iniciativa de la Cámara de Senadores, apoyada por miembros del PAN, PRI y PRD, es fundamental para fortalecer la estructura y el funcionamiento de los colegios de profesionistas, y para mejorar la calidad del servicio profesional que ofrecen.
La propuesta establece reformas, modificaciones y adiciones a los artículos 5, 28 y 73 de la Constitución, para hacer que los servicios profesionales relacionados con la libertad, el patrimonio, la salud y la seguridad estén vigilados por los estados y los colegios.
El documento enfatiza que los profesionistas deberán estar colegiados, por lo que tendrán que actualizar sus conocimientos y refrendar su cédula profesional con la certificación de los colegios. Para aquellos que no ejerzan su profesión regularmente se exigirán cursos de actualización y el refrendo de la cédula profesional.
La iniciativa elaborada por los senadores también establece que los colegios serán copartícipes con las autoridades en la vigilancia del registro y ejercicio de sus agremiados, para evitar que cualquier persona pueda brindar servicios profesionales sin la debida acreditación de su capacidad y responsabilidad.
Hay que añadir que en la propuesta se solicita crear el Registro Nacional de Profesiones y del Consejo Nacional de Certificación, y que los colegios puedan sancionar las malas prácticas profesionales. Además, sugiere que la autoridad administrativa aplique multas y suspensiones.
Aunque esas reformas no vulneran el derecho a la libre asociación, o a la libertad en la elección de la profesión o actividad, que establece el Artículo 5º constitucional, seguramente habrá protestas para evitar que sean aprobadas. Sin duda serán algunos que verán afectados sus intereses, al tener que acreditar sus conocimientos y experiencia.
Pero la mayoría las aprobará, porque nadie quiere caer en manos de un médico, un abogado, un arquitecto o un ingeniero mal preparado o irresponsable; nadie desea un servicio mediocre, del que no se puede proteger, ni espera que por un profesionista mal preparado esté en riesgo de perder la salud, el patrimonio, o la vida.
*Antonio Toca es Arquitecto e investigador de temas de urbanismo.
toca.antonio@gmail.com