Zambrano, envuelto en problemas legales
El director General de Cemex, Lorenzo Zambrano, aseguró que "no tiene ningún sustento legal" la demanda en su contra y de otros ejecutivos de la empresa por la venta de cemento de mala calidad a Promotora de Hoteles Fema.
Recientemente el periódico La Jornada publicó que existe una orden de aprensión en contra de los empleados de la cementera mexicana debido a que fueron acusados en diciembre pasado por entregar el material antes citado, el cual fue empleado para la construcción de un hotel de la cadena City Express, situado en el puerto de Veracruz .
Añadió que el edificio tuvo que ser demolido cuando ya tenía un avance considerable y que el presunto fraude ascendió a 50 millones de pesos.
A través de su cuenta en Twitter, Zambrano expresó que "dicha demanda se refiere a una actividad comercial por un colado de una placa de concreto de aproximadamente 90 mil pesos".
La historia
El diario de circulación nacional dio a conocer que desde el pasado 28 de abril el juez penal de Veracruz, Uriel Domínguez Colio, emitió una orden de aprehensión en contra de Zambrano, Enrique Juárez Vera, gerente de Tecnología de Concreto de Cemex, Érik Hernández Martínez, director de la planta en Veracruz, y Salvador Martínez Ortiz, gerente de la empresa en el estado.
Añadió que los dos últimos fueron detenidos y que estaban en espera de que el juzgado quinto de primera instancia del distrito judicial del puerto de Veracruz determinara un auto de formal prisión o de libertad.
Al respecto, Zambrano aclaró: "los dos ejecutivos de Cemex ya han sido puestos en libertad". Además, envió "un afectuoso saludo" a los ejecutivos afectados y a sus familias.
El día de hoy, La Jornada dio a conocer que la madrugada del martes Hernández y Martínez salieron del penal estata, situado en el Puerto de Veracruz, pues los representantes legales de Cemex y la empresa afectada acordaron la reparación del daño.
La publicación expuso que consultó a varios funcionarios judiciales y abogados, quienes se negaron a informar el monto que pagó la cementera por el perdón jurídico de la parte afectada.