OPINIÓN: ¿La ley SOPA pone en riesgo el futuro de internet?
Nota del editor: María Elena Meneses es Profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Puedes seguirla a través de su cuenta de Twitter @marmenes.
(CNNMéxico) — Imaginar un día sin Facebook, Google o Wikipedia puede resultar insoportable para muchos de nosotros que nos hemos apropiado de estas plataformas para nuestra vida productiva y afectiva.
Sin embargo, este escenario podría ser una realidad. Los gigantes de la economía digital están considerando un apagón como protesta a la iniciativa SOPA (Stop Online Piracy Act) , que se discute en la Cámara de Representantes y, a su contraparte en el Senado, la PIPA (Protect IP Acta).
No es exagerado decir que de ellas depende el futuro de Internet, ya que ambas pudieran tener efectos supranacionales e, incluso, emularse en países con acuerdos comerciales y políticos con Estados Unidos, como es el caso de México.
Promovidas por legisladores republicanos y demócratas, las iniciativas son producto de un prolongado e intenso lobbying de la industria del entretenimiento, de la que destacan la del cine y el video, así como las disqueras, las cuales adjudican a Internet, sin suficiente rigor metodológico, multimillonarias pérdidas en ventas y empleos.
La SOPA y la PIPA son complementarias y otorgarían al Departamento de Justicia el poder para bloquear sitios que ofrezcan contenidos protegidos por el copyright. Si tomamos en cuenta el dominio cultural estadounidense, estamos hablando de sitios de todo el mundo.
Las iniciativas obligarían a los proveedores de Internet, a los buscadores e, incluso, a las redes sociales a monitorear el material que indexan y que circula a través de éstos, de tal suerte que si alguien tiene un blog con una liga a un sitio que tiene material sospechoso puede ser un potencial delincuente, así como quienes se anuncien en ellos.
La inconformidad de las empresas digitales y de las organizaciones no lucrativas, como Wikipedia, es apoyada por un centenar de profesores de derecho estadounidenses, quienes consideran que se niega la posibilidad de un juicio justo a los inculpados y empodera a las empresas como vigilantes y jueces.
Por otro lado, una eventual ley provocaría tensiones internacionales con países que no acepten la injerencia estadounidense.
Ambas iniciativas pondrían en riesgo la gestión y el funcionamiento de la red que, como sabemos, está administrada con base en el otorgamiento de dominios, muchos de los cuales podrían ser bloqueados. No es aventurado señalar que la gran batalla de Internet en este siglo es, por un lado, la de la seguridad nacional y, por otro, la económica a través del copyright.
La cultura en la era Internet se ha modificado de manera inédita, permite nuevas formas de expresión y de apropiación cultural , es territorio propicio para la educación, la innovación y la democracia, tal como lo vimos en África del Norte. Una ley criminalizante significa cancelar todas estas potencialidades. ¿Quién querría participar en un territorio hipervigilado?
Modelos mixtos como iTunes de Apple y la fórmula de protección autoral conocida como Creative Commons son medidas híbridas propias de una nueva realidad cultural. Sin embargo, lo que hemos visto estos últimos años es una confrontación, en la cual, poco se toma en cuenta a los internautas que nos hemos apropiado de Internet con fines significativos para nuestra vida cotidiana.
La articulación de una jurisprudencia para la era digital tiene que conciliar derechos y obligaciones de manera multisectorial lo cual, por ahora, se ve lejano.
En la cuna de la democracia liberal, Internet se debate su futuro como una red libre o como otra cerrada que cancela su potencial educativo, democratizador y creativo.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a María Elena Meneses.