OPINIÓN: Los generales, a merced del desprestigio por la lucha antinarco
Nota del editor: Javier Oliva Posada es Profesor Investigador Titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es coordinador académico del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, en la misma institución. Síguelo en su cuenta de Twitter: @JOPso
(CNNMéxico) — En las Fuerzas Armadas de México, un General de División (del Ejército) o Almirante (de la Marina) que llega a los 65 años, la edad límite de retiro que fija le ley, deja tras de sí hasta 50 años de servicio.
Por tanto, hay que imaginar el cúmulo de experiencias y conocimiento que tienen sobre el país, luego de conocer a la población, su geografía, grupos políticos y élites de todo tipo, así como el haber enfrentado situaciones de peligro y haber estado durante muchos años alejados de sus familias.
La carrera militar profesional, siendo una de las primeras en la historia de las sociedades, exige de parte de sus integrantes, un permanente adiestramiento que incluye la incorporación de conocimientos que se refieren a las características del mundo en el que se vive.
Con el paso de los años, las generaciones enfrentamos los desafíos que corresponden a nuestros tiempos. Ya sea porque hay una acumulación de errores, que sin corregirse, involucionan en verdaderos antagonismos a la convivencia social (como es la tolerancia a la ilegalidad en México) o bien, desafíos propios de cada época (la explosión demográfica antes, ahora el cambio climático). Lo cierto es que siempre, para hacerles frente, se cuenta con las Fuerzas Armadas como un recurso del Estado, gobierno en turno y sociedad, para tratar de garantizar la continuidad del Estado mismo.
Actualmente, ante el muy grave problema de seguridad interior y seguridad nacional que significa el narcotráfico, la situación no es diferente.
Durante la actual administración federal, la parte fundamental de la lucha contra el crimen organizado ha sido encabezada por las Fuerzas Armadas. Desplegadas por buena parte de la geografía de México, son dirigidas en sus operaciones por mandos territoriales que obedecen a una estructura jerárquica que culmina con los Comandantes de Región Militar y Región Naval Militar.
En el caso del grado del Generalato, luego de haber cumplido en las misiones encomendadas, el escalafón se estrecha lo suficiente como para que haya, en promedio, de 24 hasta 30 Generales de División. Una vez retirados, cada año se liberan entre 4 o hasta 7 posiciones de esa jerarquía para que los Generales de Brigada de arma, aspiren a tan anhelado ascenso. En este momento, se encuentran en funciones 24 Generales de División y 138 Generales de Brigada (más otros 62 de servicios).
La Secretaría de la Defensa Nacional, tiene una doble característica: es una dependencia integrante de los Despachos o Secretarías y al mismo tiempo, es la organización operativa, de adiestramiento, educación, administración y servicios, de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Las pensiones de un General de División ascienden en promedio, a sesenta mil pesos mensuales, según datos del Banjército. En los últimos años, ante la escasez de cuadros policiales calificados y confiables así como por la gravedad de la situación que se vive en amplias zonas del país en materia de inseguridad, los gobiernos estatales han recurrido a militares de alto rango retirados de las Fuerzas Armadas. Han incorporado a Generales de División y otros militares de distintos grados en situación de retiro como responsables de corporaciones policiales locales.
Llevando consigo la doctrina militar y sobre todo, el sentido de responsabilidad y servicio, son expuestos a situaciones en donde por las inercias de la dinámica criminal, hacen frente a situaciones extremas de peligro social y personal. En la actualidad, 19 integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea se desempeñan como responsables de seguridad pública y policial en las entidades. Pero desde esas posiciones, no existe ninguna garantía de que sus nuevos subordinados, los policías locales, atiendan las instrucciones con la lealtad y disciplina debidas.
Según el artículo 137 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, hay tres tipos de militares: los que se encuentran en activo, en reserva y los retirados. La violación de los preceptos de las leyes militares, son aplicables en los tres casos, siempre. Por otra parte, para obtener de por vida el acceso a los servicios y atenciones que ofrece el Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas (ISSFAM), se requieren más de 20 años de servicio, de acuerdo con el artículo 19 de la ley del propio Instituto.
La insólita situación de presentar ante las autoridades a un General de División, Tomás Ángeles Dauahare ; un General de Brigada, Ricardo Escorcia (ambos retirados) y a un General Brigadier, Roberto Dawe, en el activo, ante la autoridad penal civil por la presunción de complicidad con el narcotráfico — la PGR obtuvo una orden de arraigo en su contra pero hasta el momento no han sido acusados—, reclama una muy detenida reflexión a propósito de lo puntos sensibles que afectan esta lucha violenta, dolorosa y cruel contra el narcotráfico.
Observamos, por ejemplo, el deterioro de una institución apreciada que contaba con los más elevados niveles de confianza ciudadana. Pero ahora se ve afectada por este tipo de procesos judiciales. A pesar de que hasta el momento no se tenga la conclusión de la investigación en curso, demanda un tratamiento político y cobertura legal apropiados.
En perspectiva, resulta indispensable considerar que entre mayor sea el tiempo que pasen los elementos de las Fuerzas Armadas expuestos a las tareas de primera línea de combate al narcotráfico, la proporción de problemas derivados de hipotéticas violaciones a los derechos humanos y de corrupción, irán en aumento . Es de interés del Estado, del gobierno en turno y de la sociedad, evitar que esto suceda. Por el bien de la Nación.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Javier Oliva Posada.